La reforma energética que hoy analiza el Consejo de Ministros amenaza con cargar sobre empresas y usuarios la solución al déficit de tarifa, un problema creado por los sucesivos gobiernos desde principios de la década pasada porque las tarifas que fijaban no cubrían los costes reconocidos a las eléctricas. En los últimos meses, el Gobierno ha prometido “repartir equitativamente los esfuerzos" para atajar el agujero (más de 25.000 millones de euros) entre empresas, consumidores y Estado. Sin embargo, de confirmarse los planes que baraja Industria, la reforma se basaría fundamentalmente en cargar el “encauzamiento” del déficit, en expresión del ministro José Manuel Soria, en compañías y usuarios.
Con las cuentas públicas en una situación crítica, y tras la negativa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que los Presupuestos costeen los sobrecostes de los sistemas eléctricos aislados (como estaba legalmente previsto), la aportación del Estado se quedaría, por un lado, en unos 2.100 millones de déficit de tarifa que se convertirían en deuda pública, y en los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de C02 previstas para 2013, que según las estimaciones del Gobierno ascenderían a 900 millones. Un informe de Sabadell publicado este jueves rebaja esa cifra a 300 millones, salvo que se produzca “un fuerte rebote” de la cotización de los derechos de emisión. En marzo pasado, Industria aprobó un primer paquete de medidas que incluía detraer cerca de 600 millones de los presupuestos remanentes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), que, pese a ser organismos públicos, se financian, respectivamente, a través de la tarifa eléctrica y de las aportaciones de las generadoras.
Sabadell calcula que los impuestos anunciados por Soria para la generación convencional y las renovables (en especial, fotovoltaica y eólica) podrían sumar unos 2.530 millones, de los que 1.350 millones corresponderían al régimen ordinario, esto es, las eléctricas tradicionales, que ya soportaron un marzo un recorte de 800 millones. Así, las eléctricas perdieron este jueves más de 2.000 millones de capitalización bursátil en una sola jornada. La peor parte se la llevó Iberdrola, la más expuesta a nuclear e hidráulica, que cedió casi un 6%, seguida por Endesa (-3%) y Gas Natural-Fenosa (-2,5%).
La preocupación en el sector es enorme. Según la patronal Unesa, si se confirmara el 'impuestazo', “se comprometería la viabilidad del sector eléctrico”, responsable de un servicio esencial y un "motor" de la economía española, con 37.000 empleos directos e inversiones de unos 3.000 millones al año. Un directivo de una gran eléctrica lo resume así: “Se van a comer el beneficio de uno de los pocos sectores que invierten”; si no hay una “solución intermedia”, continúa, el coste empresarial será “altísimo”. Las empresas, cuya deuda está ya cerca del bono basura, temen nuevas rebajas y el cierre de la financiación.
Por su parte, la patronal eólica, AEE, aseguró que una tasa del 11% sobre la facturación de las empresas como la que baraja Industria “podría ser el golpe definitivo para el sector, al comprometer la viabilidad de un número importante de parques instalados”. Y la fotovoltaica, que junto con la generación convencional soportaría el mayor golpe (y que ya sufrió una reducción de primas del 30% con Miguel Sebastián), aseguró a través de la patronal Unef que “la aplicación de medidas de ajuste adicional, fiscales o de otro tipo, condenaría al sector a la insolvencia”.
En el maremágnum de advertencias, destacó el silencio de la patronal de la energía Protermosolar, para la que se baraja un impuesto a la producción pero no la suspensión de las primas, que, según Unesa, alcanzarán los 2.000 millones al año cuando estén en marcha todas las plantas previstas de aquí a finales de 2013.
En cuanto a los consumidores, ya han cargado con dos subidas de la luz este año (la de abril fue la del 7% y la de julio, según Industria, ascendió al 3,9%) y han visto encarecerse el recibo un 81% en la última década, según Facua. Sobre ellos planea otra tasa de 4 céntimos por metro cúbico al gas que también permitiría reducir el déficit y que recaudaría entre 1.400 y 1.500 millones de euros, según Sabadell. Si la tasa se repercute a los usuarios “sería muy negativa” para el sector industrial, según los analistas del banco catalán. Además, las tasas sobre la generación ordinaria pueden acabar trasladándose a los precios de la energía en el mercado mayorista, lo que acabaría derivando en nuevas subidas del recibo.
Este miércoles, en una entrevista en ’59 segundos’, el ministro de Industria no descartó nuevas subidas del recibo, “pero no por una decisión del Gobierno”, sino porque así lo establezca la evolución del mercado. Soria sugirió un recorte de los incentivos a las centrales de carbón (que actualmente rondan los 500 millones anuales) y abrió la puerta a la “ampliación de las concesiones hidroeléctricas”, que se uniría a la previsible extensión de la vida útil de las nucleares.
