Nuevos elementos de sospecha contra la resolución de Banco Popular. Los accionistas mexicanos, liderados por la familia Del Valle, cargan contra el Gobierno español por no atender a las alternativas privadas que tenía el banco cuando fue resuelto y vendido a Santander, como publicó este martes este medio.
En su recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los mexicanos destacan que Popular ya tenía sobre la mesa 1.900 millones de euros, a los que se podría sumar el dinero de sus accionistas de referencia: Allianz y Crédit Mutuel.
"Los accionistas mexicanos estaban contemplando una inversión aproximada de 1.300 millones y la familia Luksic otros 300 millones. El señor Del Valle estaba también en conversaciones con otros inversores adinerados (como Allianz y Crédit Mutuel) que estaban interesados en invertir si fuera necesario", expone el grupo azteca en su escrito ante Europa.
Entre los inversores que hubieran apoyado una eventual ampliación de capital estaba también el colombiano Jaime Gilinski, como adelantó Vozpópuli, y Pimco, que hubiera invertido 300 millones, según El Mundo. Todo ello teniendo en cuenta que dos grandes bancos de inversión como Deutsche Bank y Barclays se habían comprometido por escrito a apoyar la ampliación con 4.000 millones, tal y como obra en la documentación del caso Banco Popular.
Núcleo duro
El supuesto apoyo de Allianz y Crédit Mutuel es especialmente llamativo ya que ambos eran accionistas de referencia, consejeros y socios de Banco Popular. Ambos habían respaldado las últimas ampliaciones de capital.
A Allianz le interesaba que Popular siguiera adelante de forma independiente para mantener su alianza en seguros y fondos -Allianz Popular-. Mientras, los franceses acababan de romper una de sus alianzas, en Targobank, y mantienen otra en los cajeros.
La tesis de que Popular fue resuelto sin dar tiempo a las soluciones privadas es una de las estrategias de los accionistas y bonistas que perdieron su dinero.
En el caso de Del Valle, él y otras grandes fortunas mexicanas, piden por ello 470 millones al Gobierno español en un arbitraje internacional y reclaman que el TJUE responda se posicione a su favor.
