Dos líneas de un documento de 100 páginas. Éste es, por el momento, el secreto mejor guardado de la crisis de Banco Popular. Son las dos líneas en las que Deloitte calcula cuánto le pueden costar al banco la avalancha de demandas en los tribunales y la ruptura de las alianzas con sus socios de seguros y tarjetas, entre otras.
La Junta Única de Resolución (JUR) las ha tachado a petición de Santander, ya que el banco presidido por Ana Botín considera que le podría perjudicar en sus batallas en los juzgados y en las negociaciones para deshacer las alianzas heredadas de Popular.
Los cálculos de Deloitte apuntan a un potencial impacto de más de 3.000 millones de euros por las demandas y de casi 1.000 millones por la ruptura de alianzas, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.
Todo ello en el escenario más pesimista. En el central, el riesgo legal sería de unos 2.000 millones de euros y en el más favorable de 1.300 millones, según las mismas fuentes.
Desglose
El informe de Deloitte desglosa algunos de los factores que tiene en cuenta para calcular los riesgos legales: cláusulas suelo, bonos convertibles, gastos hipotecarios y la ampliación de capital de 2016.
Santander limitó a menos de 1.000 millones el potencial coste de resarcir a los clientes de la ampliación, con el bono convertible. En el sector creen que la entidad puede haberse quedado corta, como refleja el ejemplo de Bankia.
En el caso de las alianzas, Deloitte les da un valor de 1.900 millones. Las más valiosas son WiZink (hasta 1.161 millones), Allianz Popular (hasta 403 millones) y Aliseda (hasta 173 millones). En el peor escenario, que Santander tuviera que indemnizar a los socios de cada área, le costaría entre 800 y 1.000 millones. Pero en el mejor de los escenarios podría incluso.
Más allá de estos potenciales agujeros, el informe de Deloitte identifica un desfase de provisiones en el negocio inmobiliario de entre 5.300 y 10.400 millones. De hecho, el consejo del banco estaba viendo junto a su auditor, PwC, de qué magnitud era el problema, que en mayo se calculaba entre 4.000 y 6.000 millones.
