"Hoy ha sido un día triste. Teníamos tantas esperanzas en poder avanzar con el proyecto. Ahora mismo no alcanzo a ver que podíamos haber hecho de manera distinta aparte de pagar a los políticos. Esto hubiera sido fácil y cualquiera puede hacerlo, pero no encaja con los principios fundamentales de acuerdo con los que hacemos negocios. Lo irónico es que me fui de Venezuela hace 5 años, buscando un buen lugar donde hacer negocios, y sobre esta base elegí España. Ahora veo muy poca diferencia entre el gobierno de Venezuela y la manera en que la Xunta de Galicia nos está tratando. De hecho, los caminos han sido casi idénticos. La lenta erosión de derechos, la denegación de permisos, inventando leyes nuevas y decretos por el camino para pararnos, 'amigos' del presidente que vienen a nosotros con ofertas de 'ayuda' (que generalmente quiere decir dinero en una maleta Samsonite), etc, etc (...) Me gustaría hacer esta comparación Galicia-Venezuela en la prensa, porque es cierta. Pero por ahora, tengo que guardar silencio".
La acción de Edgewater se hundió en la bolsa de Toronto cuando la Xunta le retiró el permiso para realizar la explotación
Quien así se expresa, en un email enviado el 12 de noviembre de 2014, es George Salamis, alto directivo de la minera canadiense Integra Gold Corp y presidente y CEO de Edgewater, una minera cotizada que tenía sólo dos proyectos: uno en Ghana -que vendió a Pine Crest en diciembre de 2014-y este en Cabana de Bergantiños, Coruña. Recibe el mensaje Lluís Boixet, el representante de la compañía en Galicia a través de su filial española, Mineira de Corcoesto, S.L.U. En octubre de 2013, la Xunta había denegado a la compañía realizar el proyecto (extracción de una mina de oro a cielo abierto) alegando carencias "financieras y técnicas".
Según explica el texto presentado en el TSJG, la Xunta "cambió arbitrariamente las reglas del juego y concedió un plazo de 10 días a la empresa para que justifique una ampliación de capital por importe de 30,4 millones, totalmente desembolsada, así como contratos de financiación ajenos (...) que deberán incorporar las exigencias de cobertura adecuadas a este tipo de proyectos respecto del precio del oro y el tipo de cambio". Esto es, el gobierno de Santiago solicitaba un aval que acreditara la solvencia económica para seguir con la tramitación del expediente. Según la empresa, "nunca antes había la administración solicitado un requisito similar".
"Aquella forma de actuar de la Xunta se debió a la negativa de la empresa de ceder ante determinadas presiones que se le hicieron"
Este cambio se debió a una "decisión política", según Edgewater, y no técnica. La procuradora de Mineira de Corcoesto, S.L.U., lo explica así en su recurso: "¿Por qué tan singular forma de proceder? No es un exabrupto afirmar que aquella forma de actuar del Gobierno de la Xunta se debió a la negativa de la empresa de ceder ante determinadas presiones que se le hicieron. En esas circunstancias -léase, no habiendo la empresa cedido a esas presiones- la "sola" defensa del estado de derecho (sic.) y la aplicación de la ley no le parecieron al Gobierno de la Xunta motivos suficientes para enfrentarse a la presión social y política que fue desarrollándose frente al proyecto. Sea como fuere, cabe afirmar que la forma de actuar del Gobierno no fue la propia de un Estado de Derecho: se buscaron interpretaciones nuevas y noveles de las leyes, se inventaron nuevas exigencias procedimentales, informes y lo que fuese necesario para deshacer el camino andado y finalmente denegar a mi representada aquello a que legítimamente tenía derecho".
Por todo esto, Edgewater pide de indemnización 20 millones de euros a la Xunta, contando "precio de adquisición, ejecución de sondeos y realización de todo tipo de estudios". La estimación de oro que había en la mina según sus estudios era de más de 1 millón de onzas.
La Xunta se defiende
Vozpópuli ha contactado con la Conselleria de Economia, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, que rechaza firmemente esta versión de los hechos: "Nosotros cumplimos la legislación, no era un proyecto viable y positivo para Galicia. Entendemos la postura de la empresa que está en su derecho de presentar su recurso en tiempo y forma pero la actuación del Gobierno fue vigorosa y seria ante un proyecto que no cumplía técnica ni económicamente".
En 2012, Feijóo anunció un acuerdo por 13 años con Edgewater "que crearía 1.400 empleos"
El cambio de parecer del ejecutivo gallego se produjo algo más de un año después de que anunciara en 2012 mediante decisión en Consejo de Gobierno el acuerdo con la minera norteamericana para que realizara la extracción en una antigua mina de oro de la época romana, con una técnica a cielo abierto que incluía entre otros el uso de productos como el cianuro de sodio. Según informó el canal televisivo gallego TVG, fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien daba a conocer este acuerdo con la minera para que realizara "una inversión de 110 millones de euros en la comarca de Bergantiños con una creación de 1.400 empleos". Tal y como se dijo entonces, el acuerdo era por 13 años, "3 para preparar el terreno y 8 para explotarlo con la extracción. Tras la explotación, la empresa deberá estar dos año más en la comarca de Bergantiños para dejar el terreno como estaba".
Sin embargo, ciudadanos de la comarca de Bergantiños se opusieron desde un principio a la explotación, tal y como informó Vozpópuli en 2013. El portavoz de la plataforma Salvemos Cabana, Moncho Valera, se muestra convencido del daño que realizaría esta explotación a su tierra, "como ya ha ocurrido en otros casos similares como la mina de oro de Boinás en Asturias. Aunque la actividad se realice durante unos años, los efectos pueden durar para siempre y el beneficio es imperceptible para la zona, pues sólo necesitan empleo muy al principio y en otros casos se lo traen de fuera".
La minera canadiense también culpa a la comunidad autónoma de haber causado el desplome de su acción con el anuncio de que no permitía seguir adelante con el proyecto. Lo cierto es que el valor en bolsa de la compañía, que cotiza en Toronto (TSX) se hundió desde que llegaron las malas noticias desde España. Muchos aseguran que la empresa está quebrada, aún a la espera de obtener resarcimiento con el apoyo de la justicia española. Y así lo muestra el gráfico del precio de su acción.
La Xunta de Galicia está estudiando el recurso contencioso para presentar sus alegaciones y el caso es muy probable que acabe en el Tribunal Supremo. Los vecinos de la comarca, una de las zonas más envejecidas de España y con masiva emigración de jóvenes, confían en la victoria aunque prefieren no alzar las campanas al vuelo.
