El PP ha manifestado su rechazo a una iniciativa de CIU para paralizar de forma definitiva y permanente el proyecto Castor, tras los informes del Instituto Geológico que confirman la relación directa entre los cerca de 600 seísmos registrados y las inyecciones de gas en el almacén subterráneo. Durante el debate en la Comisión de Medio Ambiente, la diputada Teresa Lara ha adelantado que el Grupo Popular votará en contra de la propuesta y ha explicado que están a la espera de informes internacionales que confirmen la conclusión del citado Instituto, como así lo recomendó esta entidad.
Una vez acabados los trabajos en todos los ejes en curso "se contará con una base técnica solida sobre la que se tomará una decisión definitiva, incluido el desmantelamiento" y en todo caso, ha añadido Lara, primará "de manera determinante" la seguridad de las personas y el respeto al medio ambiente. Mientras tanto ha asegurado que continuará la paralización de Castor y ha solicitado "cautela y prudencia".
La diputada del PP ha recordado por último que este proyecto y sus infraestructuras fueron aprobadas por el Gobierno socialista, "sin ningún tipo de condicionalidad" y que por ello no entendía la postura del PSOE y las afirmaciones del portavoz Joan Ruiz.
Ruiz ha defendido que por encima de los intereses económicos están la seguridad de los ciudadanos, ha recordado que las Cortes Valencianas han aprobado por unanimidad la petición de cierre, y ha destacado que Castor está frente a un zona de gran riqueza ecológica, como es el Delta del Ebro.
Junto al PSOE, también Compromís e Izquierda Plural han anunciado su apoyo así como varias enmiendas de "mejora" a esta Proposición no de Ley defendida por Martí Barberá, que también ha resaltado que el Parlamento de Catalunya aprobó el pasado 21 de noviembre, por unanimidad, una moción en el mismo sentido.
Barberá se ha quejado de que el Gobierno de Cataluña se tuviera que enterar por la prensa de que el informe del Instituto ya estaba terminado y ha solicitado la comparecencia del ministro Soria para que de cuenta de todos los informes que han llegado a su mesa.
Los grupos han recordado que uno de los seísmos, registrados todos entre septiembre y octubre de 2013, llegó a alcanzar una magnitud de 4'3 de la escala de Richter.
En su propuesta, CIU pedía también, y entre otros puntos, utilizar todos los mecanismos técnicos, políticos y jurídicos para conocer y aclarar las causas concretas, y depurar las responsabilidades técnicas y políticas e impulsar las acciones necesarias para que no se tenga que pagar con dinero público el valor limpio o residual de las instalaciones.
