Corporación Ceslar, accionista de El Corte Inglés con más del 9%, ha incluido en su demanda contra algunas de las decisiones tomadas en la junta de accionistas la impugnación de tres de los acuerdos adoptados ese día, así como una medida cautelar que pide la readmisión en el consejo de su representante, Carlota Areces.
Según las fuentes oficiales de Ceslar consultadas por Vozpópuli, la demanda impugna el punto de la junta en el que se aprobó “el reforzamiento y concentración de poderes desorbitados en la figura del presidente”.
Desde el día 30 de agosto, Dimas Gimeno acapara todo el poder de la cúpula: “el de presidente, el de consejero delegado y de consejero ejecutivo, teniendo en sus manos todo el control y representación de la sociedad”, según señala el equipo jurídico que defiende los intereses de los herederos de Luis Areces, hermano del fundador de El Corte Inglés.
Ceslar critica que Gimeno acapare tanto poder mientras se intenta convencer a los mercados financieros de que el grupo está adaptándose a las normas de buen gobierno
Según Ceslar, la compañía ha aprovechado el cambio de estatutos para eliminar el derecho de suscripción preferente de los accionistas sobre la autocartera y la obligación de ser accionista para poder sentarse en el consejo (dos acuerdos también impugnados, tal y como adelantó Vozpópuli este miércoles).
Y de tapadillo, según las fuentes oficiales, ha colado el acuerdo “para dotar del máximo poder al presidente, precisamente en un momento en el que la compañía dice estar adaptándose a los normas de bueno gobierno” de cara a sus posibles nuevas emisiones de bonos y, llegado el caso, a su futura salida a Bolsa.
Todo esta argumentación está recogida en la demanda de impugnación presentada el martes pasado, además de la solicitud de medida cautelar para que el juez obligue a El Corte Inglés a readmitir a Carlota Areces como consejera “para que pueda participar en los próximos consejos de administración en el que se adoptarán importantes acuerdos”, señalan las fuentes.
“Lo que pedimos al juez es la suspensión de los efectos del acuerdo de expulsión, decisión que responde a una maniobra urdida desde la cúpula del grupo para eliminar el consejero independiente”, señalan desde Ceslar.
"La expulsión de Carlota Areces es arbitraria y supone la purga del discrepante al más puro estilo bolchevique", señalan fuentes de Ceslar
Esta decisión es “arbitraria y supone la purga del discrepante al más puro estilo bolchevique, ya que la representante de Ceslar se había convertido en una consejera incómoda, que no ha parado de exigir información, desde las cuentas del pasado ejercicio a la emisión de bonos y ahora sobre el contrato firmado con el jeque, un acuerdo cargado de prebendas y penalizaciones favorables a un inversor que ahora también es acreedor y prestamista”, añaden las fuentes.
El Corte Inglés, por su parte, acusa a Carlota Areces de incumplir “los deberes de lealtad y secreto que le son exigibles como administrador al dar difusión pública a informaciones, datos, informes o antecedentes a los ha tenido acceso en el desempeño de su cargo y sobre los que debía guardar la necesaria reserva. Ese comportamiento por parte de un consejero impide el ordenado funcionamiento del órgano de administración e imposibilita la buena marcha de los asuntos sociales en perjuicio de la sociedad y el conjunto de sus accionistas”.
En Ceslar insisten, a través de su demanda, que Areces no ha desvelado secreto alguno del consejo y que el acta de esa reunión ha estado en manos de muchas personas que podrían haberla filtrado.
