Las empresas industriales beneficiarias de ayudas públicas tendrán que mantener su actividad productiva al menos durante cinco años en el caso de una gran compañía, o tres años si se trata de una pyme, según el anteproyecto de la nueva Ley de Industria, aprobado este lunes por el Gobierno en primera vuelta.

El texto también recoge como novedad la obligación de las empresas en determinadas circunstancias de comunicar al Ministerio de Industria y a los representantes legales de los trabajadores el cierre o la reducción de actividad que suponga una pérdida importante de puestos de trabajo.

En estas ocasiones, se creará una mesa de reindustrialización en la que participarán la Administración General del Estado y las comunidades autónomas afectadas para "tratar de prevenir la pérdida de capacidades industriales y de empleo", ha explicado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se ha adelantado un día al ser festivo este martes por el Día de la Constitución, Maroto ha anunciado la aprobación del anteproyecto para la futura Ley de Industria, que sustituirá a la actual, la cual data de 1992.

El nuevo articulado "aspira a situar a la industria española a la vanguardia de las transformaciones del siglo XXI", ha añadido Maroto, que ha insistido en que "refuerza el papel de la industria, fortalece la soberanía estratégica e industrial y adopta nuevos instrumentos de política industrial necesarios para mejorar la competitividad en la esfera internacional".

En la misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales. "Hoy aprobamos una Ley de Industria para el siglo XXI. El Gobierno da un nuevo impulso para que la industria española sea más moderna, sostenible y a la altura de nuevos retos. Innovación y talento para reactivar nuestra economía y atraer la inversión extranjera", ha señalado.

Las expectativas son tales que Maroto ya ha aseverado que tratarán de agilizarla en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

Novedades del texto

A finales de abril, el Ejecutivo abrió el proceso de consulta pública sobre una nueva Ley de Industria, de cara a perfilar un texto que potenciase la autonomía industrial de España y contribuyese a un crecimiento más sostenible y digital.

Como ha avanzado Maroto, el anteproyecto, que "involucra al conjunto de las Administraciones, de los agentes económicos y sociales, y de las fuerzas públicas y políticas", incorpora varias novedades fundamentales.

Son medidas que pretenden que la industria "siga contribuyendo a la recuperación económica y social, y a modernizar el modelo productivo para alinearlo con la doble transición verde y digital, y para lograr una mayor cohesión social y territorial".

En primer lugar, el texto favorece la atracción de inversiones en sectores estratégicos con gran impacto en el empleo, pero también en territorios afectados por el reto demográfico, impulsando proyectos tractores y de interés general.

Se entiende por proyectos de interés general aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes: significativo volumen de inversión y empleo indefinido, que se integren en ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores estratégicos, o alineados con los objetivos industriales de la Unión Europea e integrados en los mecanismos de financiación europea.

Asimismo, busca proteger las capacidades industriales y el empleo, y establece, para las empresas beneficiarias de ayudas públicas, la obligación de mantener su actividad productiva al menos durante cinco años si es una gran compañía, o durante tres años si es una pyme.

Del mismo modo, incorpora medidas para la protección y el impulso de la competitividad industrial, y reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía así como iniciativas de acompañamiento para facilitar su descarbonización.

Dentro de este apartado se presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional.

Se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios y de apoyo en los que se desarrollen proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación e innovación.

En una nota de prensa, el ministerio detalla que las Administraciones Públicas promoverán e implantarán medidas que contribuyan a la dotación de los servicios e infraestructuras necesarios para el fomento de áreas industriales.

Obligación de comunicar cierres o reducción de actividad

El anteproyecto garantiza una base industrial que suministre recursos de primera necesidad y de carácter estratégico, con la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi), que forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional.

Por otro lado, incluye "por primera vez" -ha recalcado Maroto- la ordenación de crisis industriales, donde se establece la obligación de comunicar al Ministerio de Industria y a los representantes legales de los trabajadores cierres o reducciones de actividad que conlleven importantes pérdidas de puestos de trabajo.

Igualmente refuerza la gobernanza con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en materias industriales, y recoge una Estrategia Española para el Impulso Industrial cada diez años, y una hoja de ruta, cada cinco años, del Plan Estatal de Impulso a la Industria.

En sanciones, se califican las infracciones como muy graves, graves y leves, y se sancionarán con multas de hasta 100 millones de euros, seis millones de euros y 60.000 euros, respectivamente.