El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quiere tener el control total de los informes que servirán de base para tomar futuras decisiones y autorizaciones sobre la reapertura de la central nuclear de Garoña y la construcción del basurero nuclear de Villar de Cañas (Cuenca).
Dos polémicos proyectos en los que el actual Gobierno se ha involucrado de forma vehemente y que están siendo sometidos a niveles de presión política y empresarial nunca vistos sobre el supervisor nuclear.
Por todo ello, y por el creciente malestar interno del cuerpo técnico del CSN, el presidente del organismo, Fernando Marti, ex secretario de Estado de Energía con el ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha esforzado en los últimos tiempos en convertir en confidenciales los estudios e informes que se elaboran a nivel interno sobre Garoña y el cementerio nuclear.
Los técnicos ahora sólo pueden acceder a la propuesta enviada al Ministerio, después de pasar por el Pleno del CSN; antes podían consultar todo el proceso
Y así es ahora. Los técnicos del CSN no tienen acceso a los informes ni a sus conclusiones sobre estos dos temas a no ser que hayan sido designados para trabajar en ellos, con lo que están obligados a guardar absoluto secretismo.
Los informes son confidenciales para el resto del cuerpo técnico, "algo que no ocurría en la etapa anterior, cuando los informes que acompañaban a las propuestas de dictamen técnico que aprobaba el Pleno del CSN, podían ser consultados y comentados por los técnicos. Aquí se recogía la argumentación técnica que sustentaba las decisiones del Pleno y se podía analizar críticamente si estas decisiones estaban acorde con los argumentos técnicos", afirman fuentes internas del cuerpo técnico del supervisor nuclear.
Ahora, con los cambios introducidos por Marti, los técnicos sólo pueden ver la propuesta enviada al Ministerio de Industria y Energía, después de que ya haya sido aprobada por el Pleno del CSN. "No se pueden consultar las conclusiones de los informes que se han utilizado para las decisiones del Pleno, sólo la propuesta enviada al Ministerio", añaden esas fuentes.
El objetivo que persiguen Marti y su equipo con este severo control interno de la información es que los técnicos disidentes no entorpezcan los procesos en marcha, especialmente los más sensibles, como es el caso de las autorizaciones previas dadas a Enresa para que la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares siga su curso.
Esas autorizaciones se han concedido pese a que hay varios informes internos (pero también externos) que desaconsejan ubicar el cementerio nuclear en esa zona, por los graves problemas que presentan los terrenos.
El Pleno del consejo de finales de julio aprobó esas autorizaciones, pese a las alertas lanzadas desde el cuerpo técnico. A partir de entonces, un buen número de técnicos se ha rebelado contra la falta de independencia con la que funciona el organismo, su sometimiento a las presiones políticas y empresariales y la caza de brujas interna puesta en marcha contra los profesionales más disidentes.
Así lo ha puesto de manifiesto recientemente la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), en un durísimo comunicado interno del que informó Vozpópuli.
El nivel de control al que el CSN quiere someter a sus 450 trabajadores ha provocado las denuncias del presidente de la Junta de Personal del organismo, Julián Peco, que en una dura carta dirigida a la Secretaría General, ha acusado a la dirección del organismo de montar un sistema de "espionaje informático" para la controlar las comunicaciones de la plantilla, tanto internas como hacia el exterior.
