La Empresa Nacional de Residuos (Enresa) realizará otros 85 sondeos en la parcela elegida para ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad que construirá en Villar de Cañas (Cuenca) para despejar las dudas sobre la idoneidad geológica de un emplazamiento que, a día de hoy, persisten.

La empresa pública no descarta todavía la posibilidad de una “licuefacción” del subsuelo por sus características geológicas, un escenario que, como advierten grupos ecologistas que se oponen a la construcción del silo en esa ubicación, equivaldría a que la tierra sobre la que deberá asentarse el ATC, junto con sus residuos, “se disuelva como un azucarillo”.

Los trabajos, incluidos en un contrato valorado en cerca de medio millón de euros, “consisten en reconocer más en profundidad las características geotécnicas del terreno, y evaluar su influencia y condicionantes principales para la construcción de la instalación”, según Enresa.

“Dado que ya se conoce con suficiente aproximación la ubicación de cada uno de los edificios” que compondrán el ATC, Enresa quiere realizar una “investigación de campo” de la parcela adquirida que tenga en cuenta “posibles anomalías del terreno” como “la posibilidad de colapso/hundimiento/elevación del emplazamiento y de licuefacción del terreno”, según puede leerse en el pliego de condiciones del estudio de investigación que sacó a concurso el mes pasado y que rectificó parcialmente hace unos días.

“El potencial de licuefacción, en caso de existir, de los materiales sub-superficiales del emplazamiento propuesto se evaluará utilizando los parámetros y valores aplicables al movimiento del terreno específico del emplazamiento”. Asimismo, “se determinarán los parámetros de agresividad de agua y terreno, de cara a la durabilidad requerida a las estructuras enterradas”, explica Enresa.

El riesgo de que el ATC requiera de cimentaciones especiales dispararía el coste de una instalación multimillonaria

Enresa realizará un total de 85 sondeos de entre 20 y 35 metros de profundidad en la parcela, que tiene 53 hectáreas de superficie: 23 sondeos corresponderán a la ubicación del futuro Edificio de Proceso y Módulos de Almacenamiento (Bóvedas); 15, a la zona en la que planea instalar el Módulo de Almacenamiento de Residuos Especiales; 17 en la del Almacén de Espera de Contenedores; once en el Taller de Mantenimiento de Contenedores, el Edificio de Recepción, el Párking de Contenedores Vacíos y el Edificio de Tratamiento de Residuos Radiactivos; y cuatro, respectivamente, en el Edificio de Servicios Técnicos y en las futuras oficinas del complejo.

Con este nuevo estudio de caracterización, Enresa quiere analizar “la posible existencia de ciertas inestabilidades del terreno localizadas, evaluando su posible descenso o elevación” e incluyendo “las posibles alternativas de solución de cimentación, excavación o elementos de contención, técnica y económicamente viables".

El riesgo de que el emplazamiento elegido requiera de cimentaciones especiales para sortear posibles cavidades en el subsuelo ya aparecía en un informe en manos del Ministerio de Industria desde hace un año y, según los expertos, si se materializa disparará el coste de una instalación multimillonaria cuya génesis ya ha provocado las primeras fricciones entre la empresa y su accionista la SEPI, por mucho que a Enresa no le consten.

Enresa, presidida el exalcalde de Ciudad Real Francisco Gil-Ortega, cercano a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quiere, en suma, evaluar “posibles riesgos o anomalías geotécnicas derivadas del comportamiento del terreno” para “que no queden dudas de cuál es la solución más óptima de acuerdo con la naturaleza y características” de la parcela.

Hace un año, y poco después de que Gil-Ortega, un político con nula experiencia en el sector nuclear, reconociera en el Congreso, a puerta cerrada, la posibilidad de que aparecieran yesos en el subsuelo del terreno que la empresa pública adquirió en 2012, sin haberlo analizado primero, Enresa proclamó, tras realizar los primeros 34 sondeos, la “idoneidad” de la parcela de Villar de Cañas para ubicar el ATC.

La localidad conquense, la peor opción desde el punto de vista geológico entre las finalistas para ubicar el almacén, fue la elegida por el Gobierno en una decisión política atribuida a la presidenta castellano-manchega.