La resolución dictada hace unas horas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por la que sancionaba con 91 millones de euros a Caixabank, Santander, BBVA y Sabadell por concertarse para ofrecer derivados financieros en condiciones distintas de las pactadas con sus clientes, emprenderá próximamente el camino a los tribunales. Las entidades bancarias castigadas consideran que la decisión del regulador no está justificada, dado que el Banco de España considera habituales este tipo de pactos y en ningún caso irregulares.
La CNMC ha sancionado a CaixaBank (31,8 millones), Santander (23,9), BBVA (19,8) y Sabadell (15,5) después de recibir la denuncia de la empresa Inversiones Empresariales Vapat S.L.U., del sector de energías renovables, que sospechaba que los derivados financieros que adquirió para cubrir los riesgos relativos a la variación de los tipos de interés –en un crédito sindicado- habían sido pactados por los bancos. Es decir, que estaban manipulados, según detalló Vozpópuli el pasado abril.
Las entidades financieras consideran que esta práctica no vulnera la normativa vigente. De hecho, creen necesario que todas las partes que participan en los créditos sindicatos ofrezcan el mismo precio por la cobertura. Principalmente, “porque si cada entidad ofreciera precios distintos al cliente (…), el equilibrio en las garantías de los bancos desaparecería, ya que unos bancos empezarían antes que otros a hacer pagos al cliente, o a recibir pagos del cliente”, sostienen, tal y como reproduce la resolución de la CNMC.
Este argumento coincide con el que ofreció el Banco de España en un informe que versa sobre las prácticas habituales en la cobertura de tipos de interés vinculada a créditos sindicados, añaden. La CNMC no cuestiona que los bancos puedan aplicar a sus operaciones de cobertura un sobreprecio para cubrir sus costes operativos. Sin embargo, este margen debe estar fijado de manera transparente en el contrato de cobertura, lo que –a su juicio- no ha ocurrido.
Recurso anunciado
Caixabank, Santander y Sabadell han avanzado a Vozpópuli que recurrirán la multa ante la Audiencia Nacional en cuanto hayan analizado toda la documentación sobre este expediente sancionador. BBVA se ha expresado en unos términos similares: "Estamos estudiando la resolución que nos acaba de ser notificada, que en una primera lectura creemos que es jurídicamente errónea y nuestros servicios jurídicos están analizando los recursos frente a la misma".
La CNMC considera que el pacto al que llegaron vulnera la Ley de Competencia, que prohíbe expresamente “todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada (…) que pueda impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional”.
En opinión del regulador, la alianza también vulnera el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que considera ilícitos “todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros”.
Fuentes del regulador han detallado que el personal que instruyó este expediente disponía de grabaciones que acreditaban estos pactos, que se realizaron sin que los clientes fueran conscientes de los mismos. De hecho, durante la investigación no sólo se analizó la operación financiera de la empresa denunciante, sino también la de otras 22 sociedades, que rubricaron 43 contrataciones de derivados asociados a créditos sindicados entre 2006 y 2016 para la financiación de proyectos (project finance).
Largo historial en los tribunales
Una vez más, la última palabra sobre una resolución de la CNMC la tendrán los tribunales. Cabe recordar que la Audiencia Nacional anuló hace unas semanas una multa de 20 millones de euros a Repsol por contener un defecto de forma. El pasado agosto, la petrolera se libró de otra sanción de 22,5 millones por el mismo motivo (ambas están recurridas).
En las últimas semanas, esta instancia judicial también ha tumbado varias sanciones relacionadas con el conocido como ‘cártel de la basura’, del que formaban parte grandes constructoras como ACS, FCC, Sacyr y Ferrovial y al que impuso una multa conjunta de 98,2 millones en 2015 por pactar acciones conjuntas que restringieron la competencia en mercados como el de gestión de residuos y el del saneamiento urbano.
El camino judicial de una gran parte de las sanciones del regulador se inicia en la Audiencia Nacional y termina en el Tribunal Supremo. Varias de sus multas más cuantiosas han sido tumbadas o corregidas por estos tribunales.
