La presión de jurisdicciones internacionales crece sobre España a cuenta de los reclamos de fondos de inversión tras los arbitrajes a su favor por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Una decisión tomada en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy que ha acabado el último lustro en una veintena de laudos que sumarían ya cerca de 2.000 millones de euros entre indemnizaciones e intereses que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a afrontar, estiman fuentes jurídicas.
El último de estos frentes procede de Bruselas con origen en una reclamación del fondo americano Blasket Renewable Investments, que resultó convalidada por la Sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica el pasado 18 de junio.
El tribunal belga ha alegado que los artículos 1412 y 1539 de su Código Penal justifican el embargo de activos de terceros países en casos de impago como el presente. Con ese argumento, ha ordenado el bloqueo de los pagos que venía girando mensualmente la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en la misma capital belga, a la empresa pública española Enaire por la gestión del tráfico aéreo.
Se agrava el frente en Bélgica
Esta semana, Eurocontrol ha procedido a cumplir con la orden de la Justicia belga, trasladando a la empresa denunciante el monto total sujeto al embargo. La cifra exacta se ha elevado a los 83.727.792,99 euros, de los que 79.987.601,52 euros se corresponderían con los pagos pendientes a Enaire por el servicio de gestión y manejo del tráfico aéreo en España durante el pasado mes de junio. Al momento del laudo original, el montante reclamado a España ascendía a unos 28 millones de euros, que se han ido incrementando con intereses.
El demandante del embargo, el fondo Blasket, viene de solicitar en 2023 que se declare en situación de impago (default) la deuda soberana española
Tras el fallo original de la Justicia belga, desde el ministerio de Transición Ecológica avanzaron a Vozpópuli que el Gobierno recurriría el fallo ante los estamentos oportunos alegando, entre otras cuestiones, "la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol". Una vez conocida la decisión de Eurocontrol, este medio ha preguntado al ministerio por la situación al respecto, sin que se haya obtenido respuesta al cierre de esta edición.
El mismo demandante, el fondo Blasket, pidió en abril de 2023 que, a la luz de los impagos de distintos laudos, se declare en situación de impago (default) la deuda soberana española con vistas a un reembolso inmediato de 910 millones en emisiones de deuda. Una pretensión a la que el Gobierno español ha asegurado que dará "respuesta en el ámbito adecuado". Por lo pronto, un informe del mismo Blasket ha cifrado en más de 7.000 millones el impacto potencial para el PIB español de los impagos por las renovables y el efecto del 'default' invocado en los intereses abonados por el Tesoro entre 2023 y 2024.
Embargos provisionales en Reino Unido y más amenazas
Así las cosas, distintos afectados como Blasket han procedido también a reclamar el embargo de activos financieros e inmobiliarios de España ante los tribunales de Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Entre abogados contratados por las empresas involucradas se estima que existe una cartera de bienes embargables con un valor cercano a los 5.000 millones de euros.
La Justicia británica ha decretado el embargo provisional de inmuebles del Reino de España como la sede del Instituto Cervantes, las oficinas de promoción económica de la Generalitat de Cataluña en la londinense Fleet Street o el edificio que alberga a la Escuela Internacional Vicente Cañada. Por la jurisdicción británica permanece también bloqueado cautelarmente un activo financiero de unos 925 millones de euros vinculado a las indemnizaciones del Prestige.
En 2023 también, la Corte Suprema de Australia abrió la puerta al embargo de unos 100 millones, entre los que cabría enumerar activos de la empresa pública española Navantia. Desde mayo de este 2024, existe un riesgo similar en Estados Unidos: una vista celebrada en la Corte del Distrito de Columbia ha allanado el camino para que se activen embargos de activos españoles por valor de 353 millones.
jgarejula2
No pasa nada porque el dinero público no es de nadie, como dijo la actual presidente del consejo de estado. Todo con minúsculas.
xaxonem
Ramalazos zapateriles.
kaligandaki
Logicamente el gobierno sanchez, dejará que lo pague el gobierno, acostumbrado a cambiar las reglas de juego, curiosamente se embarga una oficina de la generalitat de Catalunya, que resulta que no es una embajada, sino la oficina de promoción economica, es natural ir cambiando el nombre