El coste acumulado de los recursos públicos empleados por el Estado español en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros, estima el Tribunal de Cuentas. El principal componente de este coste fue el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas (46.021 millones de euros).
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015”. Las entidades objeto de esta fiscalización han sido el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); los tres Fondos de Garantía de Depósitos que existían hasta el 15 de octubre de 2011 y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito -que sustituyó a los anteriores-; y el Banco de España.
Entre los objetivos de la elaboración del informe consta la estimación del coste, actualizado a 31 de diciembre de 2015, de las ayudas públicas concedidas por las entidades citadas en los procesos de reestructuración bancaria desarrollados en el periodo 2009-2015.
En referencia a los recursos públicos comprometidos en la reestructuración bancaria (importe monetario de todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos adoptados por las entidades fiscalizadas en ejecución de los procesos de reestructuración) el informe señala que, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2015, el importe ascendió a 122.122 millones de euros. El Tribunal advierte que la estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración.
La fiscalización también apunta que, al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución, por un importe máximo de 85.965 millones de euros, ascendiendo el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta la fecha a 1.059 millones. Además, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 de las emisiones de deuda senior de la sociedad Sareb, que ascendía a 43.476 millones de euros, está avalado por el Estado.
Sin embargo, no todas estas medidas suponen un coste del proceso para el sector público. Según las estimaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros. El principal componente de este coste fue el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas (46.021 millones de euros).
El organismo precisa que en la estimación del coste debe descontarse el importe obtenido por el sector público en los casos en los que se ha procedido a la venta de la totalidad o de parte de la participación en el capital de las entidades, o que tampoco puede considerarse coste el importe por el que el FROB mantiene en su balance las participaciones de las entidades en las que aún participaba a 31 de diciembre de 2015.
A 31 de diciembre de 2015, el FROB solo ostentaba la titularidad de las acciones de dos entidades afectadas por los procesos de reestructuración bancaria: el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), propiedad al 100% del FROB y a su vez propietario de un 64,23% del capital de Bankia; y el Banco Mare Nostrum (BMN), participado en un 65,03% por el FROB. Destacan, como procesos que han requerido mayor cuantía de fondos públicos, el de Banco CAM (26.302 millones de euros) y el de BFA/Bankia (22.426 millones).
