El Gobierno portugués ha respondido a la batería de impuestos a la generación de electricidad que, con el objetivo de tapar el enorme agujero del déficit tarifario, España comenzó a aplicar a principios de este año, y que, tal y como temían las empresas españolas meses antes de la aplicación del conocido (y cuestionado) impuestazo eléctrico, ha hecho que las centrales lusas, exentas de esa fiscalidad, sean más competitivas que las españolas, con el consiguiente efecto inflacionista en los precios eléctricos al otro lado de la frontera.
El pasado viernes, el Ejecutivo luso publicó el desarrollo legislativo de un decreto aprobado en junio pasado para "asegurar el equilibrio de la competencia en el mercado mayorista de electricidad" y que persigue paliar los efectos de esa asimetría fiscal.
Al estar integrados el mercado eléctrico español y el portugués en el llamado mercado ibérico de electricidad o Mibel (hay 1.400 megavatios de interconexión entre ambos países), esa disparidad impositiva entre los dos países constituía, como ya dijo en febrero pasado el presidente de OMEL y vicepresidente de OMIE, Pedro Mejía, un windfall profit (beneficios caídos del cielo) "de libro" para los productores de electricidad lusos.
Con la entrada en vigor del nuevo impuesto diseñado al alimón por los ministerios españoles de Industria y Hacienda, Portugal vio aumentar la demanda (desde España) para sus centrales de generación, en un país que ha visto cómo el consumo de electricidad ha caído hasta niveles de 2006, con el consiguiente incremento de los precios mayoristas al otro lado de la frontera.
Así, desde enero hasta el pasado 15 de septiembre, el saldo exportador de electricidad (tradicionalmente favorable a España) se había desplomado un 88%, al pasar de casi 5.800 gigavatios hora a apenas 689, según datos de OMIE.
Y la caída podría haber sido todavía mayor, ya que la tendencia importadora (desde Portugal hasta España) se frenó en seco en junio. Ese mes, el secretario de Estado de Energía luso, Artur Trindade, anunció la aprobación del citado decreto, por el que se encomienda a ERSE (el regulador energético luso, que es el encargado de fijar las tarifas eléctricas) la elaboración, antes de final de año (posiblemente, en el plazo de un mes), de un estudio que cuantifique el efecto de esos nuevos impuestos en los precios mayoristas de la energía en Portugal.
"Si no hiciésemos nada, los consumidores portugueses se verían perjudicados", ha dicho el Gobierno luso
El sobrecoste que determine ERSE no se repercutirá directamente a los consumidores lusos, sino a las llamadas tarifas de acceso que pagan las empresas generadoras portuguesas, que serán las que devuelvan esos beneficios sobrevenidos.
Se trata, en síntesis, de "establecer un mecanismo para equilibrar los precios", ha dicho Trindade. "Si no hiciésemos nada, los consumidores portugueses se verían perjudicados y las empresas productoras en Portugal tendrían un beneficio anormal debido a un cambio administrativo en España", ha explicado.
El Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho ya trasladó su preocupación a España durante la gestación del impuesto por el efecto de esta medida en el recibo de los consumidores finales lusos, golpeados por una brutal crisis económica.
El pasado miércoles, tras participar junto a Trindade en un seminario sobre Mercados Energéticos organizado en Lisboa por la Cámara de Comercio e Industria Luso Española, OMIP y OMIE, el secretario español de Energía, Alberto Nadal, señaló que había discutido este asunto con su homólogo luso en una "larga conversación" mantenida horas antes y garantizó que "no se van a generar distorsiones" entre los dos mercados. "Los portugueses están tomando medidas que producen un reequilibrio", subrayó. Este, dijo Nadal, ya se está produciendo "sólo con el anuncio de esas medidas".
Las diferencias regulatorias preocupan a algunas empresas. El miércoles, en ese mismo seminario, el máximo responsable de Endesa en Portugal, Nuno Ribeiro, pidió "que no se comience a torpedear el esfuerzo de convergencia" logrado en los últimos años para armonizar las regulaciones de ambos países y criticó que actúen "cada uno por su lado" para resolver sus desequilibrios. El sistema eléctrico también soporta un déficit tarifario que, no obstante, es de en torno a 2.000 millones de euros, frente a los 28.000 millones del Español.
