El expediente de Atresmedia y Mediaset se cierra sin unanimidad. Este martes, la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acordó los términos finales de la sanción a ambos grupos televisivos. En total, el regulador multará a cada compañía con una cifra que se acercará a los 40 millones de euros, alrededor del 4% de la facturación anual de cada grupo.
No obstante, en este expediente figuran dos votos en contra. Según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli, la vicepresidenta María Fernández y otro consejero de la sala que ella preside, la de Supervisión Regulatoria, emitieron dos votos en contra en su informe cruzado. Este documento fue terminado el pasado jueves y remitido posteriormente a la sala de Competencia que preside José María Marín Quemada.
Estos votos en contra se producen por las discrepancias que la vicepresidenta y el consejero tienen con las conclusiones alcanzadas por la sala que encabeza el presidente en lo que a sus competencias se refiere. A este respecto, cabe recordar que la sala de Fernández en ningún caso entra a valorar la sanción ni las posibles prácticas anti competitivas.
Por tanto, aunque Marín Quemada sí ha logrado unanimidad en su sala, lo cierto es que estos votos contrarios se convertirán en munición para los recursos que ambas cadenas van a presentar ante la Audiencia Nacional. Como ya publicó este diario, la brecha interna del organismo es algo que beneficia a ambos grupos de cara a su defensa en los tribunales.
Más de un año de debate
La sanción, que todavía no ha sido notificada a las cadenas, se ha celebrado tras meses de debate en el seno del superregulador. La CNMC inició la investigación en febrero de 2018 por "posibles prácticas restrictivas de la competencia" en materia publicitaria y ha concluido este mes de noviembre, más de 20 meses después. Ambos grupos acaparan más del 80% de la inversión publicitaria en televisión.
La instrucción del caso recayó en Beatriz de Guindos, directora de Competencia, quien fue la que decidió dar carpetazo al llamado procedimiento de terminación convencional que habría salvado a las teles de la multa. Esta suerte de propósito de enmienda previsto en la ley consiste en una batería de compromisos que las televisiones presentan al regulador a cambio de esquivar las sanciones económicas.
Tras recibir las propuestas de las cadenas, Competencia sometió estos compromisos a un market test (prueba de mercado) que terminó mal para las cadenas: De Guindos tumbó este recurso y abocó a ambos grupos a una multa cuya cuantía definitiva se conocerá previsiblemente en las próximas horas.
