El proyecto de privatización parcial del Canal de Isabel II se ha quedado por el camino. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que también es el máximo responsable del Canal, fue el encargado de confirmar la noticia ante un reducido grupo de personas y de dar una serie de explicaciones basadas en la actual y complicada situación de los mercados.
Sin embargo, hacía ya tiempo que el proceso se encontraba prácticamente paralizado. Hace un par de meses, antes de la nacionalización de Bankia y de que la prima de riesgo cruzara el inquietante umbral de los 500 puntos, la venta del 49% del Canal de Isabel II estaba en el alambre. Entre otras cuestiones, porque la Comunidad de Madrid no terminaba de tener claro cómo llevar a cabo la operación y los verdaderamente interesados en la operación, que no han sido ni la mitad de los que ha vendido la Administración, se encontraban con noticias nuevas y contradictorias en cada reunión que mantenían con los responsables del proceso.
En realidad, hasta la mesa de la Comunidad de Madrid habían llegado sólo tres propuestas firmes: Aguas de Barcelona, Acciona y FCC. Los esfuerzos de la región por atraer interesados en la venta del 49% del Canal no se hicieron esperar. La presencia de los grupos procedentes de Oriente Medio y del sudeste asiático mencionados por Ignacio González tuvo lugar, en efecto, pero no acudieron llevados por el atractivo de la privatización sino invitados por los gestores del Canal que, posteriormente, no fueron excesivamente condescendientes.
El supuesto interés por la operación no se tradujo en un número significativo de ofertas
Los inversores foráneos expresaron su sorpresa por el hecho de no poder disponer de toda la documentación necesaria para tomar una decisión razonable respecto a una hipotética participación en el proceso. Su respuesta más o menos oficial contuvo elementos relacionados con el riesgo de invertir en España en estos momentos complicados para la economía del país. Pero el elemento de la transparencia pesó y mucho. Como también lo hizo en algún gran grupo europeo, que fue perdiendo interés a medida que avanzaba el tiempo y no se aclaraba el proceso.
Por último, aunque no menos importante, la Comunidad de Madrid tampoco ha logrado encontrar una fórmula para convencer a algunos municipios madrileños que también debían participar en el proceso. En definitiva, los números no salían. Y la prudencia ha sido máxima en tiempos de suma ortodoxia y control de las finanzas de las administraciones públicas en busca de reducir las cifras de déficit.
En definitiva, demasiados obstáculos para un mercado que, además, no ofrece las mejores condiciones. Pero la Comunidad de Madrid tampoco lo ha puesto fácil.
