Así se desprende de la reciente decisión del Ministerio Fiscal en Barcelona que ha decidido elevar la condena económica tras la sentencia condenatoria. El Parlamento catalán lleva menos de un mes celebrando las sesiones de la comisión de investigación que pretende aclarar si hubo responsabilidad de Ferran Soriano y de su cúpula directiva en el proceso de quiebra y posterior liquidación de la aerolínea Spanair, que recibió alrededor de 180 millones de ayudas públicas de la Generalitat.
La aerolínea acabó despidiendo en 2012, tras presentar un concurso de acreedores, a más de un centenar de empleados con una deuda reconocida de 508 millones de euros y unos activos que tenían un valor contable de algo más de 53 millones. Tras esta quiebra, Soriano se fue a probar fortuna fuera de España como director general del club de fútbol británico del Manchester City, pero sigue viniendo a Barcelona para declarar en la comisión de investigación, en la que testificó la semana pasada.
De pagar 10 millones a 47 millones para 11 ex directivos
En paralelo a la comisión política de investigación la Justicia catalana ya sentenció el caso el pasado mes de septiembre, pero ahora la Fiscalía quiere reabrirlo aumentando la petición de condena. La acusación ha decidido ahora elevar la cuantía que deben abonar tanto Ferran Soriano como la ex cúpula directiva.
Según han confirmado a Vozpópuli fuentes del caso, la Fiscalía ha elevado su condena económica por la supuesta responsabilidad en la quiebra de la aerolínea desde los 10,8 millones de euros y dos años de cárcel para Soriano y su equipo a una cantidad que supera los 47 millones de euros que deben abonar los once ex directivos del equipo de Soriano.
La Fiscalía ya dirigió su acusación en el juicio contra el consejo de administración acusando a la aerolínea de “negligencia por retrasar la presentación del concurso a sabiendas de que la empresa se encontraba en situación de insolvencia grave mucho antes de la quiebra” y de ahí que ahora aumente su petición de condena para los 11 ex directivos que supera ligeramente los 47 millones de euros.
Pérdidas de explotación acumuladas de 82 millones
La acusación pública incide que esta cuantificación parte de las pérdidas de explotación acumuladas desde 2011 hasta comienzos de 2012, las cuales ascendieron a 82 millones de euros, y descontando de las mismas los préstamos concedidos con posterioridad por Avança (25 millones), propiedad de la Generalitat, y por Fira de Barcelona (10 millones).
Ferran Soriano, condenado por el concurso de Spanair
El juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona calificó en una sentencia del pasado mes de septiembre como culpable el concurso de Spanair y ha condenado a su expresidente Ferran Soriano y a los miembros del consejo de administración, entre los que se encuentra el directivo de Mediapro Josep Maria Tatxo Benet, a pagar solidariamente 10,8 millones de euros.
La sentencia declara la inhabilitación para la gestión de patrimonios ajenos durante dos años a casi todos los consejeros, entre ellos al propio Soriano, a la empresa de la Generalitat Avançsa, como administrador de hecho de la empresa, a la sociedad Fira de Barcelona y a Inversions Turístiques (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona, que dirigía Joan Gaspart. Spanair cesó su actividad el 27 de enero de 2012, dejando en tierra a casi 23.000 pasajeros, y el 30 de enero presentó concurso de acreedores con un pasivo de 474 millones de euros.
La Fiscalía entonces acusó al consejo de retrasar la presentación del concurso cinco meses, pese a conocer que era insolvente, lo que agravó la situación de la aerolínea. El juez considera acreditado que el consejo, con su conducta, “agravó la insolvencia de la concursada” por lo que califica el concurso de culpable.
La sentencia establece que los miembros del consejo de administración intervinieron de manera “directa” en el agravamiento de la insolvencia una vez que la entrada del socio industrial se demostró inviable y continuando con la gestión de la compañía, es decir, “continuando la venta de billetes a los usuarios y no pagando durante el mes de enero de 2012 un importante y significativo número de deuda vencida y exigible”.
Con ello, el juez determina que Ferran Soriano, Josep Maria Benet, Michael Balint Szucs, Fira de Barcelona, Miquel Martí, Jordi Bago, Josep Maria Benet, Inversiones Turistiques i Comercial (filial de Turismo de Barcelona), Josep Mateu, Catalana d'Iniciatives, que está en fase de liquidación, Benny Zakrisson y Avansça deben pagar 10,8 millones en concepto de déficit concursal.
A pesar de que el Fiscal pedía 47 millones (72 en un principio), el juez fija la cantidad a pagar en 10,8 millones
A pesar de que el Fiscal pedía 47 millones (72 en un principio), el juez fija la cantidad a pagar en 10,8 millones porque entiende que fue evidente la insolvencia desde el 31 de diciembre de 2011, cuando fracasaron las negociaciones con Qatar Airways y la UE puso en cuestión los fondos aportados por la Generalitat. La Fiscalía vuelve ahora a recuperar la cantidad de 47 millones en cuanto a la condena económica.
De esta forma, el juez da la razón a la Fiscalía, que sostenía que el concurso voluntario de acreedores se presentó con retraso y ve probado que Avançsa, el hólding que agrupa las participadas del gobierno catalán, era administrador de hecho de Spanair desde el momento en que concedió un préstamo inicial de 56 millones para pilotar las negociaciones con Qatar Airways, para entrar como socio industrial. En cuanto al presidente de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, el juez cree que “no es posible” imputarle la condición de administración de hecho de Iticsa, la entidad instrumental que se creó para canalizar la inversión en Spanair.
El juez analiza la deuda de Spanair y sostiene que “la concursada tenía el riesgo más que evidente, en caso de mantenimiento de ese impago, de perder la licencia de vuelo necesaria para operar y por tanto de no continuar con la actividad, a pesar de lo cual la compañía seguía vendiendo billetes como si no ocurriese nada, dando al mercado una apariencia de solvencia que se puede calificar en ese momento de irreal”.
El consejo de administración de Spanair discrepa de la sentencia que considera culpable el concurso de Spanair y ha recurrido la sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona, por entender que actuó con la “diligencia debida”.
