Daniel Campos ha pasado en cuestión de semanas de ocupar una plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional a ser socio del despacho Cortés Abogados. El bufete ha fichado al exfiscal como responsable del área de Derecho penal económico. La incorporación, que revive de nuevo el debate sobre las puertas giratorias en la Justicia española, se produjo durante los meses de verano después de que el Ministerio de Justicia acordara declarar a Campos en situación de excedencia voluntaria "en la Carrera Fiscal por interés particular".
El nuevo socio de Cortés Abogados ha trabajado en los últimos años en algunos de los casos más sonados de delitos económicos ocurridos en España, habiendo desempeñado en la Audiencia Nacional el cargo de Coordinador de Delincuencia Económica.
Campos estuvo al frente de la Operación Crucero, que en diciembre de 2012 llevó a la detención y posterior ingreso en prisión de Gerardo Díaz Ferrán. El expresidente de la CEOE se alió con el liquidador de empresas Ángel de Cabo para despatrimonializar el grupo Marsans.
Junto con el juez Santiago Pedraz, Daniel Campos trabajó en la llamada Operación Nelson, que en abril de 2016 terminó con la entrada en la cárcel de Luis Pineda y el desmantelamiento de Ausbanc y Manos Limpias.
El nombre de Campos sonó este año para ocupar el puesto de teniente fiscal en la Audiencia Nacional
Campos ha ejercido en el Ministerio Público durante 25 años, aunque en 2006 también abandonó la Carrera Fiscal para trabajar durante dos años en Cortés Abogados. Con anterioridad estuvo destinado en la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía del TSJ de Madrid, en la Fiscalía Especial contra la Droga, y en la Fiscalía Especial contra la Corrupción.
La salida de Campos de la Fiscalía Anticorrupción en 2006 para incorporarse a Cortés Abogados suscitó polémica. En aquel momento solicitó también la excedencia "por interés particular" y pasó a defender a los hermanos Felipe y Javier Benjumea, expresidente y exvicepresidente de Abengoa por el conocido como caso Xfera, después de que Anticorrupción presentara una querella contra ejecutivos de la compañía energética por supuestas irregularidades en la compra de la operadora de telefonía móvil.
Anticorrupción presentó querella en la Audiencia Nacional en octubre de 2003 contra los hermanos Benjumea y otros cuatro directivos por la supuesta existencia de indicios de que Inversión Corporativa, la empresa controlada por la familia Benjumea y que era el primer accionista de Abengoa, habría pagado por las acciones de Xfera una suma muy superior a su precio de mercado. En 2007 el caso Xfera fue archivado.
Cortés Abogados representó a Inversión Corporativa en el caso Xfera. En las cuentas del año 2013, la empresa participada por los hermanos Benjumea se refiere a dicho contencioso y da idea del coste del proceso: más de cuatro millones de euros.
Inversión Corporativa explica en dichas cuentas que en 2013 finalizó el proceso de reclamación a la compañía aseguradora, que no identifica, del coste de la "asistencia letrada en las diligencias seguidas en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional [el caso Xfera] sobre el cual se decretó con fecha 25 de enero de 2007 la nulidad absoluta y el sobreseimiento del citado procedimiento". La compañía tenía contratado una póliza de responsabilidad civil de los consejeros de Abengoa, y terminó ingresando gracias a esa cobertura, señala en sus cuentas de 2013, la cantidad de 4,16 millones de euros.
En el año 2009, Campos regresó a la Carrera Fiscal. El Consejo de Ministros, a propuesta del entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprobó el nombramiento por Real Decreto de Daniel Campos como fiscal de la Audiencia Nacional, con la propuesta previa del Fiscal General del Estado.
Daniel Campos ha sido miembro del Comité de Inteligencia Financiera para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de la Red Europea de Equipos Conjuntos de Investigación y de la Comisión de Seguimiento del Convenio de la ORGA/FGE. Ha intervenido como experto en numerosos programas de fortalecimiento de las instituciones nacionales en materia de delincuencia económica, crimen organizado y blanqueo de capitales y es profesor del Master de Derecho Penal Económico de la URJC. El pasado mes de abril su nombre sonó entre los candidatos para ocupar el cargo de teniente fiscal de la Audiencia Nacional.
