Las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía colombiana sobre la gestión de Electricaribe, filial de Gas Natural que fue intervenida y posteriormente sentenciada con la liquidación, salieron a la palestra en una sesión del Senado del país latinoamericano. La controversia por la decisión del Gobierno colombiano y la posterior denuncia de la empresa española al Tribunal de Arbitraje de Naciones Unidas (Uncitral), llegó al Senado el país latinoamericano, donde se vivió una tensa sesión en la que se vertieron graves acusaciones de fraude contra el grupo que preside Isidro Fainé.
Los más activos fueron los senadores que representan a los territorios de la costa caribeña, aquellos a los que aún presta servicio la filial de Gas Natural. Uno de ellos, Mauricio Gómez, sacó a la luz las actuaciones de la Fiscalía, especialmente sobre el empleo de unos fondos destinados por el Ministerio de Energía y Minas para el desarrollo de los barrios más desfavorecidos. Gómez apuntó que Gas Natural debería estar preocupada "por las investigaciones de la Fiscalía por los recursos de los fondos que no aparecen por ningún lado".
El papel de la Fiscalía se hizo público nada más conocerse que Gas Natural iba a abrir un proceso de arbitraje por la decisión del Gobierno de Juan Manuel Santos. Pero, en realidad, las actuaciones de la Fiscalía se remontan a mediados de 2016, coincidiendo con el registro de la controversia por parte de la compañía conforme al Acuerdo para la Protección de Inversiones Bilaterales entre España y Colombia.
Previamente, el senador Efraín Cepeda había comparado la situación con la que se daba en el año 2000, precisamente cuando Unión Fenosa se hizo con el control de la comercializadora colombiana. En ese año se destinaron 130.000 millones de pesos (unos 40 millones de euros) de estos fondos, mientras que en 2016 no pudieron ejecutarse porque Electricaribe no presentó el preceptivo plan ante el Ministerio de Energía y Minas.
Duras acusaciones de fraude
La sesión en el Senado, destinada a que el superintendente de Servicios Públicos, responsable de firmar la decisión de liquidación, explicara el proceso, llegaba en medio de un ambiente tenso por las informaciones publicadas por la prensa local en los últimos días, referentes al contenido de la documentación que Gas Natural ha presentado en el Uncitral, previa a la demanda definitiva que cursará en las próximas semanas.
De acuerdo con estas noticias, la compañía hacía alusión en esa documentación a las declaraciones de políticos de la región que interpretaban como una incitación a no pagar las facturas y a cometer fraude. Precisamente, la mora y el fraude son los motivos que esgrime Gas Natural para justificar la situación financiera de Electricaribe y haber incumplido sus compromisos de inversión en los últimos años.
La respuesta de algunos senadores en sede parlamentaria fue más que furibunda, hasta el punto de que algunos de ellos formularon veladas acusaciones de fraude al grupo español. Fernando Araújo instó a la empresa a dar explicaciones acerca de la "sobrefacturación" que llevó a cabo Electricaribe para "cobrarle subsidios a los colombianos".
El senador también acusó a Gas Natural de promover un reparto de dividendos de forma fraudulenta, camuflados como retribuciones a los directivos. De esta forma, Araújo atacaba directamente uno de los argumentos empleados por Gas Natural para desmentir que estuviera enriqueciéndose con Electricaribe: el hecho de que, pese a tratarse de un negocio regulado, nunca repartió dividendos.
