Que todos los Gobiernos de la democracia han mimado y protegido a sus empresarios y banqueros más afines, y que con los años de la burbuja inmobiliaria el cruce de favores entre el poder político y el económico se ha convertido en norma es una verdad de perogrullo.
Dependiendo del color del partido que gobernase, los mimos se escoraban hacia unos o hacia otros. Pero hay poderosos empresarios que han sabido siempre navegar sobre todas las aguas. Entre los muchos ejemplos existentes, uno de ellos ha cobrado estos días inusitado protagonismo.
Se trata de Florentino Pérez, presidente de ACS, la empresa que explota el almacén de gas del Castor. Fue el Gobierno de Zapatero el que en mayo de 2008 otorgó a Escal UGS, controlada en un 66% por ACS, la concesión de explotación por 30 años del almacén subterráneo, que ya fue entonces considerado innecesario por el sobredimensionamiento de los sistemas eléctrico y gasista. Además, el Ejecutivo no exigió informes sobre las consecuencias sísmicas que pudiera tener en la zona la actividad de inyección y almacenaje de gas.
Soria dijo que iba a "frenar" el Castor al llegar al Gobierno por su alto coste, pero acabó cambiando las normas para beneficar a ACS, dotándole de una retribución más alta y ampliando el plazo de amortización de su inversión
Cambió el Gobierno y el ministro de Industria, José Manuel Soria, después de anunciar en 2012 que iba a "frenar" la puesta en marcha de esta infraestructura por su alto coste, dio un giro copernicano y cambió las condiciones de inversión y retribución del proyecto para allanar aún más el camino al empresario madrileño.
Con todos los mimbres a su favor, el grupo ACS destinó la friolera de 1.300 millones de euros, frente a los 500 millones inicialmente previstos, a desarrollar el almacén para su entrada en operación comercial este otoño.
Todo iba sobre ruedas hasta que llegó el momento de inyectar gas colchón para poner a punto el reservorio. Escal UGS empezó el 11 de septiembre a inyectar gas y los primeros terremotos no tardaron en producirse.
Ese mismo día ya hubo 20 microseísmos que nadie notó, pero sí registraron los sismógrafos. En los primeros seis días la cifra de terremotos se disparó hasta casi los 100, tal y como informó detalladamente Vozpópuli.
La avalancha de seísmos en lugar de amainar no paró de crecer en número e intensidad, hasta que varios terremotos superaron los 4 grados de magnitud en la escala, el pánico se adueñó de las poblaciones del norte de Castellón (Vinaroz, Peñiscola y Benicarló) y del sur de Tarragona (Alcanar…).
La situación se hizo incontrolable e Industria tuvo que cerrar, primero temporalmente y después de forma "indefinida", la actividad del almacén.
Todo iba sobre ruedas para ACS hasta que la avalancha de terremotos y la fuerte intensidad de algunos desató el pánico en la zona y obligó a cerrar de forma "indefinida" el almacén
Fue ahí cuando tanto desde el Gobierno central como desde la Generalitat catalana se empezó a apuntar con el dedo a Florentino Pérez y su empresa. Tanto de forma oficial como oficiosa, se trasladó el mensaje a Escal UGS de que si se detecta negligencia en el proceso de inyección de gas, se depurarán responsabilidades penales.
La Fiscalía de Castellón ya ha abierto una investigación y la Generalitat hará lo propio y pedirá esta semana a la Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña que emprenda acciones legales para investigar los seísmos y determinar si la empresa es la responsable de estos movimientos.
La Generalitat catalana pedirá a la Fiscalía que investigue si ACS es responsable de los seísmos por la inyección de gas en el Castor
Y desde el Gobierno central se ha endurecido la línea de actuación tras constatar no sólo que los seísmos no paran (ya van más de 400 desde el 11 de septiembre). No sólo en investigar posibles negligencias de la filial de ACS, sino también en acelerar la elaboración de la auditoría económica encargada en junio, que será la que tendrá que determinar si se justifica el desfase del presupuesto, que arrancó en 500 millones de euros y se ha disparado hasta más de 1.300 millones, sin aplicar los costes financieros.
Fuentes cercanas al Ministerio de Industria han advertido a Florentino Pérez que ahora mismo, Escal UGS dispone de una "autorización provisional que no es definitiva, por lo que la compañía aún no dispone del acta de puesta en servicio definitiva".
Industria tendrá a finales de octubre la auditoría de cuentas y ha avisado a ACS que si se detectan irregularidades o sobrecostes no tendrá la autorización definitiva de puesta en servicio, lo que podría dejar en el aire el cobro de la retribución prevista
Hasta que Escal UGS no cuente con esa autorización de puesta en servicio, la compañía no estará habilitada para percibir la retribución comprometida, añadieron estas fuentes. "La retribución depende del resultado de la auditoría que se encargó en junio pasado y llegará al Ministerio a finales de este mes", concluyeron.
Lo que no aclara por ahora Industria es quién pagará esos 1.300 millones o lo que determine la auditoría si el Castor se cierra para siempre. La concesión tenía una duración de 30 años y Escal UGS recibirá año tras año su retribución por la inversión, que se cargaría al recibo de gas de los clientes y contribuiría al crecimiento del déficit tarifario del gas, que ya ronda los 300 millones de euros tal y como ha alertado la extinta CNE.
Industria no se atreve aún a aclarar quién pagará los 1.300 millones de euros si el Castor se cierra definitivamente o si ACS podría perder la retribución
Otras fuentes señalan que "sería sangrante para los españoles que abonan religiosamente la factura del gas tener que pagar en los próximos años la inversión hecha por ACS si para colmo el Castor no se reabre. Se podría montar un gran escándalo y el Gobierno podría verse obligado a sufragar vía presupuesto público una inversión tan costosa que al final puede no servir para nada".
El nerviosismo se ha instalado en la sede de ACS, porque parece ser que Industria esta vez sí que va en serio tanto en la investigación de posibles negligencias en la inyección de gas como en la fiscalización de los desorbitados costes de la inversión, hechos estos dos que llegado el caso podrían causar la suspensión de la retribución a la empresa que ha desarrollado el proyecto, alertan fuentes oficiales del sector gasista.
También están nerviosos los fondos extranjeros que compraron títulos de deuda que emitió ACS por valor de 1.400 millones de euros para financiar el proyecto.
