La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha elaborado un informe confidencial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, sobre los costes del almacén de gas submarino Castor y ha detectado desvíos en los apuntes contables de hasta el 10% entre las empresas del grupo ACS, que ha intentado 'colárselos' al Ministerio de Industria para poder recibir la mayor retribución posible.
Según el documento, elaborado por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, Escal UGS, compañía titular de la construcción y explotación del Castor controlada por ACS, infló en 2013 y 2014 los gastos de Operación y Mantenimiento (O&M) del almacén al incluir en ellos costes financieros de operaciones entre empresas del grupo presidido por Florentino Pérez que no tienen derecho a retribución.
El análisis pormenorizado realizado por los técnicos de la CNMC ha detectado un desvío de 7,55 millones de euros provenientes de operaciones intragrupo con márgenes de hasta el 10%. En un demoledor y detallado informe, el regulador propone al Ministerio de Industria que no abone a la filial de ACS la retribución por esta partida, que es eminentemente financiera, ha sido obtenida a través de las empresas del grupo y no está ligada a costes de O&M.
Escal, controlada por ACS, quiso colar 7,55 millones de euros como costes de Operación y Mantenimiento para cobrar retribución con cargo al sistema gasista
"Escal estaría celebrando directamente un contrato de O&M para el almacenamiento Castor con la Unión Temporal de Empresas ACS y Cobra, integrada en el grupo ACS, debiendo considerarse entonces la relación existente entre Escal y la UTE ACS Cobra, propiedad y contratista, como pertenecientes al mismo grupo empresarial. Por lo tanto, se ha establecido un contrato entre dos empresas del mismo grupo empresarial, con un margen intragrupo del 10%, y con afección de dicho margen hacia las actividades reguladas, no repercutiéndose por tanto el servicio de O&M a su coste real. En conclusión, no cabría reconocer costes inexistentes, como son los márgenes intragrupo, que darían lugar a retribuciones por las actividades reguladas superiores a las establecidas por la regulación", afirma el informe en su página 22.
Según el análisis de la CNMC, el grupo ACS habría inflado los costes con derecho a retribución mediante contratos de "asesoramiento económico-fiscal, por un monto total de 2,675 millones de euros, a través del "margen del 10% en los contratos de Operación y Mantenimiento", por una cuantía de 4,782 millones y por vía de otra partida minoritaria de 100.900 euros. En total, son 7,55 millones de euros que no han de ser retribuidos al grupo de Florentino Pérez, según ha determinado la CNMC.
"No cabría reconocer costes inexistentes, como son los márgentes intragrupo, que darían lugar a retribuciones por las actividades reguladas superiores a las establecieas por la regulación", señala el informe de la CNMC
Los costes inflados por el grupo ACS corresponden a tres periodos analizados: ejercicio 2013 completo, año 2014 hasta el 4 de octubre y un periodo transitorio que va del 5 de octubre al 30 de noviembre de ese año. Es en esos tres periodos en los que el regulador ha detectado esos 7,55 millones de sobrecoste que el grupo ha querido 'colar' como costes de Operación y Mantenimiento del almacén submarino, cuya actividad se suspendió el 26 de septiembre de 2013 tras provocar centenares de terremotos en el norte de Castellón.
El informe de la CNMC establece los ajustes que hay que hacer a cada uno de esos tres periodos para que ACS y su grupo no cobren los sobrecostes atribuidos injustificadamente a O&M. En 2013 fueron finalmente 21,19 millones de euros, en 2014 hasta el 4 de octubre, 18,16 millones, y en el periodo transitorio, 4,56 millones.
Los 7,55 millones restantes acumulados en los tres periodos se quedan sin retribución.
El grupo ACS, a través de Escal UGS, tiene aún pendiente de cobro los costes de O&M correspondientes a su actividad en el almacén, hasta que la compañía dejó de hacerse cargo de éste y devolvió la autorización de explotación.
A cambio, el Gobierno aprobó una indemnización de 1.350 millones de euros, que fue cobrada por ACS en noviembre de 2014. El Ministerio de Industria y Energía estableció este pago en función de la cláusula que el Gobierno de Zapatero incluyó en el contrato de adjudicación del Castor a la empresa del grupo ACS.
Pese a los sobrecostes totales de la infraestructura, que según algunos informes se disparó por encima de los 1.600 millones de euros, no ha habido ninguna auditoría que detalle si este coste final estuvo justificado. Si hubo maquillaje en las cuentas del grupo ACS para intentar cobrar retribución por costes que no tienen derecho a ella, pudo haberlo también en las cuentas totales de la construcción del almacén submarino y su plataforma offshore, se preguntan algunos expertos del sector.
La propia Generalitat catalana (el sur de Tarragona también se vio afectado por los terremotos) presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para evitar que los costes del Castor y su indemnización se carguen al recibo del gas durante 30 años.
