Nuevo jarro de agua fría para el Gobierno y para Endesa e Iberdrola, propietarias de Garoña a través de Nuclenor, en el proceso de reapertura de la central nuclear burgalesa.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha establecido una batería de nuevos requisitos de seguridad a la planta para estudiar la renovación de su licencia de explotación y le ha dado de plazo hasta el 30 de septiembre para que presente el plan para cumplir con todos ellos.
Pero no queda ahí la cosa. La decisión adoptada por el pleno del CSN se produjo con cuatro votos a favor y uno en contra, el de la consejera Cristina Narbona, que llegó al cargo a propuesta del PSOE.
La ex ministra de Medio Ambiente con el primer Gobierno de Zapatero, el mismo que en su segundo mandato impuso el cierre de Garoña, tiene previsto, además, formular un voto particular al respecto. Narbona ha sido la consejera más beligerante contra el proceso y ha exigido en el seno del pleno del supervisor nuclear que se sea muy estricto con los requisitos de seguridad de la planta más antigua de España y se imponga a Nuclenor el cumplimiento de todos los plazos.
Ya denunció, en otro voto particular hace ahora un año, los cambios ad hoc introducidos por Industria para allanar el camino a la reapertura, censurando la "mala praxis regulatoria" del Gobierno, el "vacío legal" generado y la toma de decisiones arbitrarias sin informes "profundos y sosegados" previos.
Ahora, Narbona prepara otro voto particular, pese a que el CSN aprobó ayer una Instrucción Técnica Complementaria (ITC) muy exigente con los “requisitos adicionales” que le pedirá a la planta. Según las fuentes consultadas, las presiones de la ex ministra en el seno del pleno del CSN han provocado esta nueva prórroga, para que Nuclenor presente toda la información adicional requerida antes del 30 de septiembre.
Ya el pleno del 16 de julio consideró insuficiente la información técnica aportada, por lo que dio a Nuclenor las dos semanas adicionales que acabaron ayer.
El proceso de autorización de la renovación se alarga hasta el 30 de septiembre para que Nuclenor presente un plan para cumplir los nuevos requisitos
Ahora, la compañía contorlada al 50% por Endesa e Iberdrola tendrá que diseñar un nuevo plan de actuación, sobre todo en aspectos tan sensibles como la seguridad de la vasija del reactor, las modificaciones de diseño necesarias derivadas de Fukushima o las verificaciones previas a la carga de combustible nuclear, según informa el CSN.
Nuclenor tendrá que realizar nuevas inversiones para realizar los cambios de diseño antes de cargar el combustible en el reactor, parado desde diciembre de 2012.
También deberán los técnicos de la central, con la supervisión de los que el CSN tiene allí ‘empotrados’, “verificar el estado funcional y la integridad estructural de la vasija del reactor y de sus componentes para descartar defectos como el de la central belga de Döel (donde se hallaron miles de pequeñas fisuras en el acero de su vasija y cuyo fabricante es el mismo que el de la central burgalesa)”.
No queda ahí la cosa. Según la resolución de ayer, Nuclenor tendrá que cumplir con requisitos que se agrupan en ocho “áreas temáticas” de actuación y estará obligado a presentar a finales de septiembre “una previsión de fechas para el cumplimiento de todos los requisitos adicionales solicitados”.
El Gobierno insiste en que Garoña tiene que reabrir pero Endesa e Iberdrola sopesan si será rentable tras las nuevas inversiones impuestas y la multa de la CNMC
Nuclenor presentó a Industria el 27 de mayo su solicitud de renovación para funcionar hasta 2031, que fue trasladada al CSN para su evaluación y correspondiente informe. Por el camino se ha cruzado una multa inesperada del superregulador CNMC por importe de 18,4 millones de euros por infracción “muy grave” al no disponer de autorización para cerrar en diciembre de 2012.
Pese a todos estos contratiempos y las nuevas inversiones que Nuclenor tendrá que afrontar, la central volverá previsiblemente a producir electricidad en 2016. Endesa e Iberdrola sopesan si les será rentable retomar la actividad, pero el Gobierno se ha empeñado (y así se lo ha hecho saber a sus máximos responsables) en que la planta burgalesa vuelva a funcionar.
