Todo se pone cuesta arriba para la reapertura de la central nuclear de Garoña, parada en 2012 por orden de Zapatero. El actual Gobierno ha puesto todo su empeño en que la central burgalesa vuelva a operar y sus dos accionistas, Endesa e Iberdrola, han aceptado a regañadientes después de más de un año de jugarretas entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y los dos gigantes eléctricos, que utilizaron la planta como moneda de cambio en el proceso de negociación de la reforma eléctrica de 2013.
Los dueños de Garoña, que gestionan la central a través de la sociedad Nuclenor, se plantean en estos momentos dejar en stand by el proceso de reapertura por tres cuestiones: los altos impuestos que tendría que abonar la compañía tras los cambios introducidos el pasado año, las mayores exigencias de inversión por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para adaptar la planta a los requerimientos de seguridad post-Fukushima y, en última instancia, el sorprendente multazo de 18,4 millones de euros impuesto ayer por la CNMC.
En poco más de 24 horas, Nuclenor ha recibido dos varapalos. Esta semana ha trascendido que el CSN ha exigido al dueño de Garoña información adicional en el proceso de evaluación del expediente de solicitud de reapertura de la planta hasta 2031, cuando ésta cumpliría 60 años. El informe técnico del CSN es determinante para que Garoña vuelva a funcionar, si bien la última palabra la tiene en primera instancia el Ministerio de Industria y finalmente el Consejo de Ministros.
Mientras el CSN estrecha el cerco sobre la central y sus medidas de seguridad, ayer llegó la multa de la CNMC, la máxima posible para este tipo de infracciones. El superregulador que preside José María Marín Quemada quiere dejar claro que cumple con sus funciones de forma independiente, lejos de la mano del Gobierno, y acaba de poner otro palo en la rueda de la central, decana del parque nuclear español.
El Ejecutivo insiste en que Garoña tiene que volver a operar, pero a los dueños de Nuclenor no le salen las cuentas
Todo se debe a una infracción grave cometida por la planta al reducir su capacidad productiva y de suministro eléctrico en el verano de 2012 sin contar con la autorización preceptiva.
Cerró seis meses antes de la fecha prevista (diciembre de 2012), sin razones técnicas y de seguridad que la justificaran, según la CNMC. Nuclenor paró antes de lo previsto por el temor a entrar en quiebra por los nuevos tributos que preparaba Industria para el 1 de enero de 2013.
"Nuclenor cierra en diciembre de 2012 para no pagar el impuesto sobre el combustible nuclear gastado, pero, una vez superado el escollo de la fecha, con la descarga de dicho combustible antes del 31 de diciembre de 2012, vuelve a intentar prolongar el permiso de explotación", explica la CNMC en su resolución. "Ello resulta incomprensible, salvo que tal proceder responda a una estrategia de incorporación al sistema eléctrico a los efectos de percibir del mismo exclusivamente los beneficios y eludiendo las cargas obligacionales tanto respecto al sistema eléctrico como respecto a la Hacienda Pública".
Sólo en impuestos, Garoña tendría que abonar 150 millones de euros y ha mantenido los 600 empleos pese a no ingresar ni un euro por no estar operativa
El caso es que la sociedad de Endesa e Iberdrola hubiera tenido que afrontar el pago de 150 millones de euros en impuestos sin ingresar ni un euro por estar en parada y optó por tomar esta decisión para salvaguardar la estructura patrimonial de la empresa y conservar los 600 empleos.
Nuclenor afirma que recurrirá la resolución de la CNMC ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y se aferra a que “la Ley de Energía Nuclear es una legislación especial que prevalece sobre la Ley del Sector Eléctrico. Nuclenor cumplió con lo exigido en la primera, comunicando a Industria y al CSN la parada de la central y el cese de explotación”, que se debió “a causas imprevistas”. Esta causa es la implantación del impuesto sobre el combustible nuclear gastado, que fue “del todo imprevisible e imprevista” y tenía “suficiente entidad para justificar la decisión adoptada”.
Ante esta situación, los dos accionistas de la central se están replanteando seguir adelante con el proceso de reapertura.
