Gerardo Díaz Ferrán ha celebrado sus tres últimos cumpleaños en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. El expresidente de la CEOE, 72 años, en prisión desde el 5 de diciembre de 2012, ha aceptado este jueves una condena a cinco años y medio de cárcel tras volver a sentarse en el banquillo de los acusados este jueves por la causa por la que fue privado de libertad, el vaciamiento de la caja del grupo de Viajes Marsans. El fiscal solicitaba para él una pena de 15 años de prisión por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento continuado, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. Finalmente, el acusado ha acordado una condena de cinco años y medio de cárcel.
El empresario fue detenido en su casa situada en el Parque Conde de Ordaz de Madrid en el marco de la conocida como Operación Crucero, que llevó también ante el juez a socios con los que Díaz Ferrán había negociado el traspaso de Marsans en 2010, entre ellos Ángel de Cabo, quién se había hecho con Marsans de forma similar a la que antes había empleado para tomar el control del grupo Teconsa, o después para adquirir Nueva Rumasa a la familia Ruiz-Mateos. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional explico en un auto que de "la investigación policial se desprenden numerosos y marcados indicios" de que Díaz Ferrán y su socio en Marsans, Gonzalo Pascual, "acordaron con De Cabo Sanz una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en las que su grupo empresarial se hallaba inmerso". La estrategia pasaba por ceder el control de Marsans a De Cabo quien se comprometía "a realizar una serie de pagos a los empresarios".
A pesar de la contundencia de los escritos de las acusaciones contra Díaz Ferran, este ha cargado las responsabilidades de la crisis de la que fuera primera agencia turística española contra todo tipo de personalidades políticas, financieras, y empresariales. Esta es una lista de las personas y organismos señalados por Diaz Ferran, de la que no se salva ni siquiera el que fuera durante años su socio y amigo Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012:
José Luis Rodríguez Zapatero. En el transcurso de la vista por el concurso de acreedores de Marsans, celebrada a mediados de 2012, Díaz Ferrán, y también Gonzalo Pascual, acusaron al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de haber dejado caer a Marsans. En la exposición final de los dos empresarios del Grupo Marsans en aquella vista celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla, los abogados sugirieron que Zapatero prestó apoyo a la compañía en su negociación con los acreedores hasta que se registraron diferencias con el expresidente de la CEOE en la negociación que mantenían por la reforma laboral. Gonzalo Pascual, en declaraciones a los periodistas, dijo al término de la vista que Zapatero encargó a Bernardino León el tema de Marsans y que lo dejó caer cuando hubo divergencias en la negociación por la reforma laboral.
Emilio Botín. La defensa de Gerardo Díaz Ferrán y la de Gonzalo Pascual se refirieron al papel que el anterior presidente de Santander, Emilio Botín, tuvo en la caída de Marsans en un escrito de oposición a la calificación de culpable del concuso del grupo de viajes, presentado en mayo de 2012. "El señor Díaz Ferrán se dirigió personalmente a Emilio Botín solicitando su intercesión", decía en su escrito el abogado de Díaz Ferrán. "Huelga decir que el Banco Santander, como parece tener por costumbre cuando vienen mal dadas, no se dignó ni tan siquiera a contestar", añadía. El abogado de Pascual sostenía en ese escrito que en 2010 Santander endureció las condiciones de préstamo coincidiendo con unas negociaciones entre los propietarios de Marsans para vender la compañía al grupo Orizonia, que así podría "conseguir su objetivo de adquirir la empresa a un precio más bajo".
Cristina Fernández de Kichner. La presidenta de Argentina también fue culpable de la caída de Marsans, en opinión de Díaz Ferrán. En su declaración ante el juez Eloy Velasco dos días después de ser detenido, el expresidente de la CEOE aseguró que el primer culpable de la insolvencia del grupo de viajes era Cristina Fernández de Kichner. "Nuestras empresas iban razonablemente bien hasta que el Gobierno de Cristina Fernandez de Kichner nacionalizó Aerolíneas Argentinas, de manera fraudulenta y cometiendo una tropelía tremenda", dijo.
En 2001 Aerolíneas Argentinas, estando controlada por la Sepi, fue vendida por el Estado español a Air Comet, de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, por el precio simbólico de un euro. En julio de 2008 la presidenta de Argentina anunció la nacionalización de la compañía. Los dos empresarios españoles denunciaron a Argentina ante el Ciadi reclamando más de 1.000 millones de euros (un proceso todavía pendiente en el organismo del Banco Mundial). En diciembre de 2013 Díaz Ferrán fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y dos meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de las empresas Air Comet y Viajes Marsans; el juez José María Vázquez Honrubia impuso además el pago de una multa de 99,04 millones de euros por impago del Impuesto de Sociedades de 2001.
Gonzalo Pascual. Durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, el 7 de marzo de 2012, imputado por un supuesto delito de apropiación indebida de 4,4 millones de dinero adelantado por los clientes de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán declaró que era Gonzalo Pascual quien se encargaba de tomar las decisiones financieras, y que él no tenía funciones ejecutivas.
IATA. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el organismo que representa a las compañías de líneas aéreas regulares, fue otro de los responsables de la crisis de Marsans, según Díaz Ferrán. En mayo de 2012, en el mismo escrito de oposición al concurso del grupo, la defensa de los empresarios propietarios de Marsans aseguraban que la IATA "de forma arbitraria, unilateral, carente de todo fundamento y basada exclusivamente en meras suposiciones y conjeturas", retiró a la compañía la licencia para vender billetes de viajes. El organismo reclamó el 11 de abril de 2010 a Marsans una garantía de 24 millones para permitirle seguir vendiendo billetes, a lo que la compañía española se negó y diez días después la IATA prohibió a Marsans emitir billetes.
PricewaterhouseCoopers. PwC llevó a cabo el informe de auditoría de las cuentas de Marsans del año 2009 "ad hoc". La consultora advirtió en su informe de aquel ejercicio del grupo de viajes que no era posible "en base a pruebas razonables, que la sociedad dominante haya podido incluir en las presentes cuentas anuales consolidadas toda la información relevante", razón por la que PwC no podía expresar opinión sobre las cuentas anuales de ese ejercicio (entre el 1 de marzo de 2008 y el 28 de febrero de 2009). La defensa de Díaz Ferrán sostenía en su escrito de oposición al concurso del grupo presentado en 2012 que la IATA había retirado la licencia de venta de billetes "como consecuencia de la interesada interpretación (...) por parte de la IATA del informe elaborado ad hoc por PricewaterhouseCoopers".
La administración concursal de Marsans. La defensa de Gerardo Díaz Ferrán en el concurso de acreedores de la compañía de viajes trató de desvirtuar el papel de los administradores concursales, acusándoles de actual de "mala fe". "Es evidente, basta acudir a los medios de comunicación", afirmaban en el escrito de oposición a la declaración de concurso culpable, "que las llamadas administraciones concursales parecen tener fama de ser ciertamente irregulares en su proceder".
Ángel de Cabo. El empresario al que Díaz Ferrán y Pascual traspasaron Marsans, Ángel de Cabo, es otro de los grandes responsables de los males del expresidente de la CEOE. De Cabo acordó la extraña adquisición de Marsans en 2010 y prácticamente al mismo tiempo gestionó la entrada en concurso de acreedores de la compañía. Por el caso Marsans la fiscalía solicita para el empresario valenciano ocho años de cárcel; De Cabo abandonó la prisión en julio de 2014 tras abonar una fianza de 300.000 euros.
En octubre de 2014 la defensa de Díaz Ferrán presentó un escrito ante el juez en el que aseguraba que De Cabo "incumplió sus obligaciones, no liberó el patrimonio de mi mandante mediante la sustitución de las garantías que había prestado y en una angustiosa situación económica Gerardo tuvo que aceptar de De Cabo sucesivas entregas de dinero en una cuantía inferior a las que las acusaciones relatan".
Gerardo Díaz Ferrán. En el mismo escrito presentado en octubre por el entonces abogado de Díaz Ferrán, Nicolás González Cuéllar, al juez Eloy Velasco, el expresidente de la patronal empresarial admitió haber cometido delito de alzamiento de bienes, tratando así de reducir la condena por atenuante de reconocimiento de los hechos. No obstante el escrito del abogado indicaba que Díaz Ferrán había cometido un "grave error" al confiar en Ángel de Cabo para hacerse cargo de Marsans.
