Reyal Urbis llegó a ser una de las mayores inmobiliarias de Europa, con una cartera de activos valorada en cerca de 5.000 millones de euros, pero su supervivencia si supera el concurso de acreedores en el que está inmersa se antoja más que complicada. Al menos, ésta fue la impresión que se llevaron los accionistas que acudieron a la junta de la compañía y que escucharon de boca de su presidente, Rafael Santamaría, en qué se va a quedar la empresa tras la aprobación del convenio: dos hoteles y suelo, la mayor parte del cual está en sus primeras fases de desarrollo.
La propuesta de convenio acreedores que ha presentado la compañía en el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que se encarga del concurso, prevé saldar la parte de la deuda correspondiente al préstamo sindicado con más de una veintena de bancos mediante una dación en pago de los activos más valiosos que aún conserva.
Idéntica medida se contempla con la deuda bilateral que mantiene también con la banca referida sobre todo a promociones de viviendas que aún no están vendidas. De esta forma pretende liquidar la deuda de más de 2.900 millones pendiente con las entidades financieras.
El problema si finalmente el juez aprueba el concurso y la banca da su apoyo al mismo es que Reyal Urbis se quedaría únicamente con dos hoteles de la cadena Rafael y con suelo por desarrollar. Un escenario que hace difícil su continuidad y que, incluso, podría dificultar que el juez aprobara el convenio al interpretar que se trata de una liquidación encubierta.
Vuelta a las promociones
Algunos accionistas manifestaron su inquietud por el futuro de la compañía con este panorama, aunque Santamaría, que mantiene aún un 71% del capital de la inmobiliaria, les aseguró que el convenio no supone enterrar a Reyal Urbis. “Nos quedaremos con dos hoteles cuyas rentas permiten que la compañía pueda hacer frente a sus gastos recurrentes”, señaló en la junta, ante apenas una treintena de resignados pequeños accionistas.
“Si superamos el concurso y desarrollamos el suelo que nos queda, volveremos a hacer promociones”, apuntó.
El presidente de la compañía se mostró confiado en que la banca aceptará el convenio con la dación en pago. La otra alternativa que ofrece Reyal Urbis para la deuda sindicada se basa en liquidar la deuda con una quita de entre el 88% y el 93%, a pagar a partir del cuarto año del fin del concurso, opción que no parece vaya a ser preferida por las entidades financieras.
Para saldar la deuda con Hacienda no hay un calendario fijo y la liquidación de la deuda dependerá del valor de los activos que figuran como prenda para los aplazamientos. La deuda pendiente con la Administración Tributaria alcanza los 400 millones de euros.
El precedente de Martinsa-Fadesa
Sin embargo, antes de que los acreedores se pronuncien sobre el convenio, debe ser el juez el que dé su visto bueno y ahí es donde vienen las dudas. “Si el juez viera que la compañía no tiene futuro después del convenio, no lo aprueba. Esto no puede ser una liquidación encubierta”, respondió Santamaría a un accionista que mostró su preocupación por el hecho de que la banca se quedará con los mejores activos que aún tiene Reyal Urbis.
La compañía protagonizó una de las mayores quiebras de la historia empresarial española, con un pasivo superior a los 4.700 millones de euros. El ejemplo de Martinsa-Fadesa, que tras superar el concurso de acreedores ha terminado en liquidación debido a la imposibilidad de cumplir con el convenio, inquieta a los pequeños accionistas, atrapados desde hace más de dos años en una compañía con la cotización suspendida y con muy pocos visos de volver a cambiar títulos en el mercado. Algunos de los presentes en la junta acumulaban minusvalías superiores a los 300.000 euros.
