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La licitación de obra pública se dispara un 60% en año preelectoral y firmará el mejor ejercicio desde 2011

El Gobierno central y las administraciones locales echan el resto apenas unos meses antes de los comicios de 2015. En los últimos doce meses, la licitación pública se ha incrementado un 60% y se acerca a los 13.000 millones, cifras no vistas desde 2011.

  • La red de alta velocidad, el gran motor de la licitación pública en 2014

El Ejecutivo podrá echar mano de la licitación de obra pública para poner encima de la mesa otro factor de recuperación económica. En lo que va de 2014, las cifras apuntan a un incremento del 60% en este capítulo, un impulso al que contribuyen especialmente apuestas como la ampliación del trazado de alta velocidad, el mantenimiento de las carreteras y el refuerzo de AENA con vistas a su privatización.

En los siete primeros meses de presente año, la licitación pública se ha ido hasta los 8.143 millones de euros, un 60,5% más que en el mismo periodo de 2013, de acuerdo con los datos elaborados por la patronal de grandes constructoras Seopan. En el acumulado de los doce últimos meses (esto es, entre agosto de 2013 y julio de 2014), las cifras alcanzan los 12.242 millones de euros, lo que también supone un incremento superior al 60% en relación con el anterior periodo de doce meses.

Estos números y las previsiones del Ejecutivo para lo que resta de año hacen muy probable que el año 2014 se cierre con cifras de licitación de obra pública superiores a los 13.700 millones de euros, lo que supondría el mejor registro de los últimos tres ejercicios. Eso sí, aún estaría un 50% por debajo de la registrada en 2010 y sería más de un 70% inferior a la que se dio en 2006, récord absoluto con 46.701 millones de euros.

Al margen de los síntomas de leve recuperación económica que han aparecido en los últimos meses y las optimistas previsiones de crecimiento por parte del Gobierno, lo cierto es que se ha dejado sentir la proximidad de los procesos electorales que tendrán lugar en los próximos meses, tanto los municipales y autonómicos como los generales.

Adif, el motor de la obra pública

La Administración central ha sido la que ha hecho un mayor esfuerzo licitador de enero a julio, con un incremento del 104%, que se va hasta el 120% si se tienen en cuenta los últimos doce meses. Casi la mitad de los 4.317 millones que ha licitado el Gobierno en lo que va de año, concretamente un 49,1%, ha sido a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y buena parte de esa cantidad ha ido a parar al desarrollo de la red de alta velocidad.

Aquí se encuentra el principal hecho diferencial respecto al pasado año, toda vez que de enero a julio de 2013 sólo un 26% del total de licitación de obra pública de la Administración central correspondió a Adif. En los primeros siete meses del año, el Gobierno ha elevado casi cuatro veces la cuantía de la licitación ferroviaria en relación con el ejercicio anterior.

Mientras, un 17% del total ha sido destinado a la Dirección General de Carreteras, especialmente al mantenimiento de la red. Considerables han sido los incrementos de licitación tanto de AENA (un 132% en pleno proceso de privatización) como en las autoridades portuarias (un 84% más).

Cae el paso de la Administración local 

Tanto en lo que va de año como en los últimos doce meses, el peso de las licitaciones puestas en marcha por el Gobierno central se sitúa en torno al 50% del total, un escenario notablemente distinto del que se podía apreciar en los ejercicios anteriores, en los que buena parte del despilfarro corrió a cargo de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Así, en 2006, el año del récord histórico en este capítulo, el Gobierno central licitó obra pública por valor de 15.767 millones de euros, un tercio del total. En su conjunto, las comunidades autónomas superaron esta cifra al registrar licitaciones por valor de 16.050 millones de euros.

En 2010, con los efectos de la crisis muy presentes ya en la economía española, la Administración central apenas licitó un 20% del total. En este caso fueron los ayuntamientos y diputaciones los que se llevaron la palma, con una cifra de 11.500 millones de euros, algo más del doble que el Gobierno central. Las comunidades autónomas también licitaron más que Moncloa, un 35% del total.

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