El fiasco de las llamadas concesiones de autopistas de última generación ya tiene una factura determinada por el Gobierno: ni más ni menos que 3.500 millones de euros. Esa es la cantidad que el Ejecutivo prevé destinar como gasto entre 2017 y 2018 para tomar el control de las ocho sociedades que entraron en situación de quiebra a partir de 2012 al no poder equilibrar la situación económico-financiera de las concesiones que se adjudicaron en los comienzos del presente siglo, entre las que se encuentran las célebres radiales de Madrid.
Después de decenas de estudios y estimaciones, el Ejecutivo ha aprovechado la actualización del Programa de Estabilidad y Plan de Reformas para incorporar una cobertura de gasto con la que hacer frente a la operación anunciada en semanas anteriores por el Ministerio de Fomento, consistente en la recuperación de las concesiones en concurso de acreedores y su posterior relicitación.
En el citado documento, el Ejecutivo hace referencia a la evolución del gasto en inversiones y señala que "para el periodo 2017-2018, esta rúbrica está afectada por la cobertura por importe de 3.500 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las ocho autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores y que se estima pueda hacerse efectiva en dicho periodo".
Se trata de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), es decir, el pago de las inversiones realizadas en su día por las concesionarias para la construcción de la autopista y que aún no han sido amortizadas (se incluyen los polémicos costes de expropiaciones, cuya notable desviación ha sido una de las claves para explicar la quiebra de las autopistas, junto a las disparatadas previsiones de tráficos y los efectos de la crisis). La Ley prevé este mecanismo para el caso de que el Estado tome el control de la concesión antes de que finalice el plazo previsto en la misma, con el fin de que recupere un activo que no ha construido por un coste netamente inferior.
Un 40% más de lo estimado por Fomento
Es el paso previo y necesario para que las concesiones reviertan al Estado y se puedan volver a licitar. Desde que comenzó la cadena de concursos de acreedores de las concesionarias, la guerra de cifras para determinar la cuantía de la RPA ha sido continua. Algunas estimaciones se han ido hasta los 8.000 millones de euros. Sin embargo, los cálculos del Gobierno han ido siempre en otra dirección.
En las últimas semanas, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se manifestó al respecto e indicó que el coste de la RPA estaría claramente por debajo de los 3.000 millones de euros, más concretamente en el entorno de los 2.500 millones. Ahora, el Gobierno se rectifica a sí mismo y eleva un 40% esta cifra, hasta los 3.500 millones.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, había manifestado que el coste de la RPA estaría en el entorno de los 2.500 millones. Ahora, el Gobierno se rectifica a sí mismo y eleva un 40% esta cifra
Aún con esta corrección al alza, la cantidad todavía no llega a lo que reclaman los accionistas de las concesionarias en quiebra, principalmente las grandes constructoras. Los cálculos de Seopan, la patronal que las agrupa, llevan la RPA hasta algo más de los 4.000 millones de euros.
Pero el coste para el Gobierno no se quedaría ahí. A efectos de déficit, habría que añadir otras partidas como es el caso de los préstamos participativos con los que, en su día, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trató de solventar el problema de las concesiones en situación de dificultad. Al no recuperarse esta cantidad por extinción de la concesión, la cifra pasaría a engrosar el déficit. Sumadas ambas cantidades se redondea un total aproximado de 5.000 millones de euros.
La sorpresa del Gobierno
Ésta ha sido una de las pocas sorpresas que ha incluido el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad que envió a Bruselas el pasado sábado. Todos los estados miembros tienen la obligación de actualizar este programa y enviárselo a las autoridades comunitarias antes de que acabe el mes de abril.
En dicha actualización deben incluir las últimas cifras y previsiones macroeconómicas, así como las medidas y reformas que pretenden poner en marcha para coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto.
Generalmente el Gobierno aprovecha este documento para 'colar' alguna medida, pero lo cierto es que en esta ocasión ha habido pocas novedades. El equipo económico de Mariano Rajoy solo ha incluido una mejora de sus previsiones económicas, un repaso a las reformas ya anunciadas, los últimos cambios aprobados 'in extremis' a finales de 2016 para cuadrar las cuentas y el compromiso de reservar estos 3.500 millones para las autopistas de peaje y de impulsar el impuesto sobre las bebidas azucaradas y cambios en la fiscalidad medioambiental si resultan necesarios para llegar al 3,1% de déficit.
