Con la intención de mejorar la imagen de compañías de la Comunidad Valenciana, de potenciar su responsabilidad social, nació este viernes en Valencia una nueva organización que pretende reunir a compañías que compartan el sello de sostenible y responsable.
Ferrovial (construcción y servicios), Eulen (servicios integrales), Triangle (ETT), BP Oil (petrolera), Bertolin (constructora), Caixa Popular (finanzas), Alpesa (mandriladora), Solimar (residencias de ancianos) o Dualium (consultora) fueron algunas de las compañías que, lideradas por Etica Patrimonios (gestor independiente de carteras) han participado en la creación de este nuevo grupo de presión. Por el momento, el lobby no ha conseguido incorporar a Mercadona, una de las empresas españolas más señeras, entre sus miembros, aunque trabajan para que se pueda añadir. Juan Roig ya lideró el impulso de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que ha disparado su presencia mediática y su presión en los últimos meses para pedir el Corredor Mediterráneo ferroviario.
El objetivo de CE/R+S, el nombre otorgado a la nueva asociación (Club de Empresas Responsables y Sostenibles) es influir en políticas públicas con la dificultad añadida de que no es lobby sectorial, como viene siendo habitual, sino lo conforman distintas compañías de distintas ramas de actividad y por tanto distintos intereses. Su objetivo se encuentra más en el ámbito de lo ético y moral, proyectar una imagen de la Comunidad Valenciana que la aleje definitivamente de los casos de corrupción de los últimos años.
El apoyo de la Generalitat
El Consell dio su apoyo directo al proyecto de asociación de nueva creación con la asistencia de dos miembros: el director general de Economia y Emprendimiento Francisco Álvarez y la secretaria autonómica de Transparencia Zulima Pérez. Álvarez aseguró que a partir de 208 "será obligatorio para cualquier empresa con 500 o más trabajadores en plantilla presentar todos los años un balance social, además de las cuentas anuales con su balance económico financiero". Directrices de Bruselas que Valencia y el resto de autonomías tendrán que asumir.
Además es posible, aseguró Álvarez, que se reduzcan el número de empleados necesarios para que sea obligatorio la presentación al balance social, la Consellería acaba de aprobar una orden de ayudas para la realización de Balances Sociales a pymes.
La nueva asociación buscará integrar al mayor número de compañías posibles para tomar fuerza ante las administraciones locales, autonómicas y nacionales.
