Madrid Ciudadanía y Patrimonio, la entidad que ha luchado desde hace casi cuatro años por conservar los edificios de la Operación Canalejas, acusa a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y a su concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, de actuar a espaldas a los ciudadanos. Así los expone Vicente Patón, uno de los miembros más activos de ese grupo en defensa del Patrimonio, que acusa a Calvo de incumplir la legalidad. “El Ayuntamiento -dijo- no sólo tiene que gestionar, sino cumplir las leyes y Ahora Madrid no lo está haciendo y ha llegado a un acuerdo sin contar con los vecinos, ellos que hablan de participación”. “No sólo se han tirado bienes de interés cultural, se ha derribado también la legalidad”, añadió.
La asociación se queja de que el Ayuntamiento habla constantemente de participación y de que el acuerdo con OHL y la Comunidad de Madrid se ha hecho “como siempre”, sin contar con nadie “y dando una patada a los que luchamos por Canalejas; todo lo contrario a lo que habían prometido”. Por ello, Madrid Ciudadanía y Patrimonio acusa al Consistorio de la capital de incumplir las auditorías comprometidas por Ahora Madrid durante la campaña electoral y Añaden que el concejal ha dicho que “los vecinos verán que es la solución más adecuada”. Todo ello a pesar de que en el programa del grupo que gobierna se habían prometido “protocolos de transparencia en la tramitación urbanística, contando siempre con la participación ciudadana y evitando las actuaciones especulativas”.
Madrid Ciudadanía y Patrimonio acusa al Consistorio de la capital de incumplir las auditorías comprometidas por Ahora Madrid durante la campaña electoral
Madrid Ciudadanía y Patrimonio también se ha visto sorprendida por el hecho de que el acuerdo entre el Ayuntamiento, la Comunidad y OHL se haya logrado horas después de que el juzgado paralizara las obras y “sin que se garantizase la suspensión de licencias hasta aclarar el fondo del asunto y que no se va a echar tierra sobre las infracciones más graves que se han podido cometer”. Creen que salir a la opinión pública con la Comunidad de Madrid y OHL a bendecir el proyecto es un “grave error”. Por ello, expresan su “más rotunda oposición” a un acuerdo que no responde a los compromisos recogidos en el ‘Pacto contra la especulación’ “que prevé que las decisiones urbanísticas se tomen de manera participada y conjunta con la sociedad civil y los movimientos sociales”.
La asociación considera inquietante que Ahora Madrid en vez de depurar responsabilidades y exigir la reposición de la legalidad se reúna con los causantes “a espaldas de la ciudadanía que dicen representar para otorgar la bendición a los destrozos realizados” y aprobar un proyecto que no contempla la reconstrucción fidedigna de los inmuebles destrozados.
La historia de un destrozo
“Primero creyeron que les iba a dar tiempo a tener la obra muy avanzada si perdía el PP las elecciones. Luego pensaron que el PP volvería a ganar en Ayuntamiento y la Comunidad; pero ni les dio tiempo a tener adelantada la obra, ni el PP ganó las dos instituciones. Mientras se cargaron un bien cultural en un Madrid supuestamente moderno”. El análisis es de uno de los anónimos luchadores contra la Operación Canalejas, un proyecto urbanístico a la carta hecho deprisa con la mínima transparencia y que lleva camino de convertirse en un serio problema para OHL.
OHL lo calculó todo mal: pensó que con el apoyo del PP lograría dar salida a la obra y acallaría las protestas, pero se equivocó
Corría el año 2012 y OHL compró al Santander la manzana más jugosa de Madrid, entre la calle Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Antes, el Banco había intentado vendérsela a un grupo al que el Ayuntamiento le puso todas las pegas del mundo. Posteriormente durante los momentos más duros de la crisis económica los gobiernos del PP se plegaron a los objetivos de la empresa de Villar Mir. Incluso se llegó a reducir la protección cultural, algo que luego fue declarado inconstitucional. OHL lo calculó todo mal: pensó que con el apoyo del PP lograría dar salida a la obra y llevó al decano del Colegio de Arquitectos a la firma con lo que creyó que acallaría las protestas a los urbanistas; pero se equivocó.
La empresa que dirige Juan Miguel Villar Mir comró al Santander por 230 millones la céntrica manzana y anunció que se invertirían 500 millones de euros y se crearían 4.500 puestos de trabajo. Este macroproyecto, prevé la construcción de un hotel, un centro comercial y los pisos de lujo más caros de Madrid. Pero nada más iniciarse las obras, las máquinas se llevaron por delante tramos protegidos (y sin licencia) y la propia Ana Botella tuvo que parar parcialmente la operación. Luego intervino el juzgado para detenerlas hasta que se resuelva el pleito con el anterior candidato a construir el complejo.
La oposición a la Operación Canalejas la encabezó Madrid Ciudadanía y Patrimonio, así como la empresa que estuvo interesada en primer lugar en el proyecto y el PSOE, que hizo algunas alegaciones sin mucho éxito. Algunos arquitectos participaron en la protesta y mostraron su malestar por la actitud del Colegio. La Real Academia de San Fernando también se opuso.
