El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, lleva tiempo quejándose de los nuevos impuestos aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy al sector. Lo dijo en abril pasado, cuando presentó resultados ("Gastamos más en impuestos que en salarios", dijo), y ayer insistió en esa idea al asegurar ante los analistas, en la presentación de los resultados del primer semestre, que el “fuerte incremento” de la presión fiscal, “principalmente” en España y, en menor medida, Reino Unido, han borrado las mejoras operativas que el grupo ha logrado en el periodo, al dispararse la partida de Tributos un 79% anual, hasta 863 millones de euros.
La compañía ha cifrado en 208 millones de euros durante el primer semestre el efecto de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, el famoso ‘impuestazo’ eléctrico vigente desde enero y parido al alimón por los Ministerios de Hacienda e Industria. Pero ha podido compensar sobradamente ese impacto. La primera eléctrica española ha aprovechado la ventana de oportunidad abierta a finales del año pasado por el Ministerio de Hacienda para ahorrarse más de 1.500 millones de euros en impuestos en España y, de paso, compensar en sus cuentas el efecto de las fuertes provisiones que ha decidido realizar para sanear determinados activos en Estados Unidos.
Por un lado, por “prudencia contable” (dicen en la empresa) y ante la irrupción del gas no convencional en Norteamérica, el grupo ha dotado provisiones por un importe bruto de 1.567 millones para sanear activos renovables en EEUU, que considera “no estratégicos” (aunque a día de hoy, aseguran en el grupo, no prevé venderlos), e instalaciones de gas en ese país y Canadá.
Esa provisión ha tenido un considerable impacto en la parte superior de la cuenta de resultados de Iberdrola. Su beneficio antes de impuestos se ha desplomado un 83,5%, hasta 288 millones, una cifra que no tiene precedentes en la eléctrica (por baja) en la última década (desde 2005, siempre ha superado los 1.000 millones de euros).
Sin embargo, lo que Iberdrola perdido por un lado lo ha ganado por otro, por obra y gracia de la citada disposición diseñada por el departamento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La eléctrica ha aprovechado la ley 16/2012 de 27 de diciembre, de Medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, que permite acogerse a una actualización de balances por la que ha incrementado en 6.323 millones de euros el valor a efectos fiscales de buena parte de sus activos en España, con una amortización deducible fiscalmente (a partir de 2015 y a lo largo de la vida útil restante de esos activos) por importe de 1.854 millones.
A cambio, en las próximas semanas pagará a Hacienda 316 millones de euros (el 5% de los 6.323 millones). La diferencia entre lo que se ha deducido y lo que pagará a Hacienda (un saldo favorable para la eléctrica de 1.538 millones) ha ido a parar a la parte baja de su cuenta de resultados (a la rúbrica “Impuesto de sociedades”), con lo que el beneficio neto apenas ha caído un 2%.
El Gobierno aprobó esa normativa “por los efectos positivos que puede generar en el ámbito empresarial, al favorecer tanto la financiación interna como el mejor acceso al mercado de capitales”, según dijo entonces el Ejecutivo de Rajoy. Y la eléctrica no ha dudado en aprovecharla.
El resultado de ese ajuste contable, de carácter “excepcional”, recalcan en la empresa, ha sido, por tanto, neutro. Y el grupo, dentro de las mejoras operativas que ayer reseñó Galán, ha logrado aumentar su margen bruto un 5,8%, mantener su Ebitda (cayó un 0,9%) y aumentar el beneficio neto recurrente un 2,8%, hasta 1.402 millones.
