El Gobierno despeja el camino para el 'impuestazo' al sector eléctrico con el que busca acabar con el agujero del déficit tarifario. El real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad incluye, entre otras disposiciones relacionadas con el sector, una importante traba a los gravámenes que algunas Comunidades Autónomas y ayuntamientos han venido imponiendo al sector para aumentar sus ingresos fiscales.
Esos impuestos podrán seguir existiendo, pero, en el caso de los tributos autonómicos, se repercutirán obligatoriamente en la tarifa, a la que se aplicará "un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma".
En el caso de que los impuestos de carácter local que no vengan determinados por normativa estatal, a la tarifa de último recurso (la de la mayoría de usuarios domésticos) se le "podrá" incluir un suplemento territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado. Así que no será obligatorio.
La medida tiene dos objetivos: por un lado, desincentivar los impuestos autonómicos al sector (la región que los imponga deberá asumir el coste político de una electricidad más cara); y, por otro, y más importante, despejar el camino al aluvión de tasas en que consistirá básicamente la reforma energética que debería presentarse este mes.
La lista de regiones que gravan al sector eléctrico mediante diferentes tributos es creciente: la generación nuclear soporta impuestos específicos en Extremadura y Castilla-La Mancha; esta última, junto con Galicia, tiene establecido un canon para la eólica; Murcia grava desde enero la generación térmica. Y Castilla y León penaliza la "afección medioambiental" de la producción de energía hidráulica, la eólica y las redes de transporte (la térmica se ha librado). El Gobierno de Juan Vicente Herrera también tiene en el punto de mira a la energía nuclear, tras la revocación del cierre de Garoña.
El pagano de estos impuestos es casi siempre el consumidor: aunque los paguen las empresas, estas, cuando pueden (en el caso del régimen ordinario de generación) los repercuten luego a los precios del mercado mayorista.
El real decreto también autoriza la creación de un peaje progresivo para que el consumidor pague más en función de su consumo. El objetivo es incentivar el ahorro energético, que va a convertirse en el principal caballo de batalla del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dedicado hasta ahora también a promover las renovables.
Esa actividad se elimina de sus fines y funciones, y el IDAE queda reducido a "organismo de promoción de la conservación, diversificación, ahorro y eficiencia energética". Dado el exceso de capacidad del sistema eléctrico, la lectura es evidente: para el Gobierno no hace falta promover más las renovables desde la Administración Pública. Además, el IDAE deja de ser entidad pública empresarial y se convierte en un medio propio instrumental, a semejanza de otras empresas públicas como Tragsa. En la práctica, quedará convertido en una suerte de consultora de la Administración.
El real decreto publicado este sábado también incluye la esperada rebaja de la retribución de Red Eléctrica y el recorte de costes de los sistemas eléctricos extrapeninsulares (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla) y, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, permite a las eléctricas cobrar los intereses del déficit tarifario pendiente de 2006, al que se aplica un diferencial de 65 puntos básicos que se suma el Euríbor (la referencia vigente hasta ahora).
