Comienza a despejarse el futuro de Indra, el grupo tecnológico y de Defensa que controla el Estado a través del 20% que, por ahora, posee la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).
La operación para colocar a Fernando Abril-Martorell en la presidencia en sustitución de Javier Monzón, cocinada desde Moncloa, ejecutada al alimón por los ministros Morenés (Defensa) y Montoro (Hacienda) y facilitada por Telefónica, no se queda sólo aquí.
Hay detrás de todo ello un milimétrico diseño de quiénes han de garantizar la españolidad del núcleo duro de una compañía con actividades muy sensibles para la seguridad del Estado.
El plan pactado por las partes es el siguiente: La Caixa, que según fuentes empresariales ya ha comenzado a comprar en el mercado títulos de Indra, se hará en las próximas semanas con un 5% de la compañía; Telefónica, que este miércoles afloró un 6,16% y precipitó el cambio en la cúpula del grupo, comprará en los próximos meses un 10% adicional a Sepi, llegando así al 16,16%.
Telefónica (16,6%), March (12,6%), Sepi (10%) y Caixa (5%) formarán el núcleo duro de Indra con en torno al 45% del capital
Hasta ahora, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del que depende Sepi, se había negado a vender acciones de Indra porque generaría más de 80 millones de euros de minusvalías sobre los 337 millones pagados en agosto de 2013 por el 20% que vendió Bankia.
Pero el subidón de la acción el jueves (19,13%) ha acercado el precio a niveles de venta. Sepi compró a 10,19 euros y ayer, los títulos de Indra cerraron a 9,06 euros, de forma que es poco más de un euro lo que separa el precio actual de uno razonable de venta.
De ahí que la sociedad pública ya haya planteado a Telefónica una operación para venderle la mitad de su paquete, de forma que la operadora que preside César Alierta se convertiría en el accionista de referencia de Indra, con un 16,6%, seguida de la familia March (Corporación Alba), que posee un 12,6% y no descarta subir algo más su posición en los próximos meses.
El subidón bursátil de Indra facilita la venta de Sepi a Telefónica, bloquedada hasta ahora por Montoro para evitar minusvalías de 80 millones en la operación
Sepi se quedaría con un 10% y La Caixa, con su 5%, cerraría el pool de accionistas españoles que con casi un 45% del capital del grupo tecnológico y de Defensa levantarían un fortín inexpugnable ante posibles OPAs hostiles que pudieran provenir de fondos internacionales, que ya han puesto en su punto de mira a Indra por los bajos precios de cotización y porque invertir en España vuelve a estar de moda.
Fuentes oficiales de La Caixa dijeron ayer a Vozpópuli que la entidad no tiene previsto comprar acciones de Indra.
La formación de un núcleo estable de accionistas españoles y las ganas de hacer caja de Sepi han sido dos factores vitales a la hora de promover desde el Gobierno el cambio en la presidencia de Indra. Aunque la participación accionarial depende de Hacienda, los derechos políticos de ésta son competencia de Defensa. Ha sido su titular, Pedro Morenés, el que más ha batallado en los últimos meses por echar a Monzón del cargo para poner en él a un hombre de su confianza.
El complot puesto en marcha por el ministro, su número dos, Pedro Argüelles, el ex ministro de Aznar, Eduardo Serra, y Antonio Hernández Mancha, ex líder de Alianza Popular, finalmente no ha conseguido su objetivo. Ha sido la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que ha dado el visto bueno a la operación, pero una vez que ésta se ha encarrilado por una vía más razonable.
Desactivado el intento de colocar a Serra en la presidencia de Indra, la llegada de Telefónica y el consenso alcanzado entre los dos ministros involucrados para nombrar a Abril-Martorell ha facilitado todo el proceso, que se ha solventado en sólo 24 horas sin grandes alharacas, pese a que Monzón se resistió hasta el último momento a dar su brazo a torcer.
Así las cosas, el nuevo presidente tendrá que reorientar la estrategia del grupo en línea con lo que pide Defensa, la posible creación de una compañía de actividades de seguridad y Defensa, en coordinación con su nuevo accionista, Telefónica, y la segregación de las actividades menos rentables y sensibles para el Estado, las nuevas tecnologías y otras áreas de negocio.
