El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, no se caracteriza por ser el miembro del Ejecutivo más transparente en su actividad política. El gulag que el ministro canario y su equipo montaron en Castellana 160, sede del Ministerio, para evitar que se filtraran las polémicas medidas de la reforma eléctrica sigue aún vigente.
Soria y su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, prohibieron el uso de formatos electrónicos y el envío de emails entre los técnicos y asesores que diseñaron la reforma para evitar que se filtrara su contenido a las empresas afectadas y a los medios de comunicación. Montaron una suerte de anillo profiláctico, un bastión amurallado en el que había un férreo control sobre toda la información que entraba y salía, casi toda ella en papel.
El formato electrónico estaba casi prohibido y el envío de mails, castrado. El sistema debe de haberles funcionado y ahora lo quieren institucionalizar, porque lo van a convertir en norma al estar recogido en el pliego de condiciones del proceso de elección de tres consultoras que habrán de establecer los estándares de costes e inversión de todas las instalaciones renovables. Los estudios y análisis de estas tres consultoras, que estarán bajo el control y supervisión del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), servirán de base para establecer la rentabilidad razonable del 7,5% de todas las plantas, una vez que el Gobierno ha fulminado el sistema de primas y ayudas al sector vigente desde el comienzo de la energía verde en España.
Soria ya prohibió los mails y el flujo de información durante el proceso de diseño de la reforma eléctrica, para que ni empresas ni medios de comunicación conocieran su contenido
En un escondido párrafo del pliego de condiciones, que cuenta con ocho páginas, figura la siguiente cláusula: "El IDAE pondrá a disposición de la empresa adjudicataria (las tres consultoras) los datos, hipótesis y modelos utilizados en sus cálculos, mediante el procedimiento de consulta in situ, de tal forma que el adjudicatario podrá revisar toda la documentación facilitada por el IDAE en la sala habilitada para tal fin y hacer sus anotaciones, pero no podrá sacar dicha documentación de la sala, ni hacer fotocopias, fotografías u otro tipo de reproducción de los originales facilitados por el IDAE para su consulta".
Un gulag informativo en toda regla, porque las consultoras tendrán que acudir siempre a la misma sala y podrán tomar notas sobre la sensible información que reciban del IDAE, pero nada de hacer fotocopias ni fotografías, ni mucho menos utilización o reproducción de documentos en formato electrónico.
El pliego continúa advirtiendo que "a excepción de las consultas a que se refiere el párrafo anterior y de las reuniones de trabajo, la empresa adjudicataria realizará los trabajos en sus propias instalaciones (…). Durante el desarrollo del estudio se mantendrán reuniones de trabajo, así como de presentación de avances entre la empresa adjudicataria y los técnicos y responsables del IDAE implicados en el estudio. Para el correcto desarrollo de las tareas diarias del proyecto tanto el Adjudicatario como el IDAE nombrarán un Responsable de Proyecto".
Se creará una Comisión que hará las veces de Gran Hermano: examinará a los técnicos de las consultoras y les vigilará para que no filtren información alguna
Soria y Nadal quieren controlar en todo momento qué información manejan estas tres consultoras, que habrán de ser "independientes, de contrastada solvencia y reconocido prestigio" y no podrán tener relación con las empresas renovables afectadas por sus decisiones ni mucho menos hacer uso de los datos que de manera directa le puedan proporcionar las entidades sometidas al nuevo modelo retributivo.
El nivel de control es tal que el pliego establece que el IDAE tendrá que dar el visto bueno a "la relación del personal técnico que (las consultoras) proyectan emplear en los trabajos". "Todo aquel técnico que participe en los trabajos estará sometido a una especie de gran hermano, a una vigilancia extrema que le impida filtrar la más mínima información fuera de las murallas de la sala del Ministerio", señala a Vozpópuli un experto conocedor del pliego y de las intenciones del ministro y su equipo.
Lo que decidan los tres miembros del IDAE y los tres técnicos (uno por cada consultora) que formen la "Comisión paritaria" tendrá una "importante relevancia económica y social", reconoce el pliego. No en vano, las 60.000 instalaciones de energías renovables (50.000 fotovoltaicas más unas 10.000 entre termosolares, eólicas, minihidráulicas, de cogeneración, biomasas, biogás y tratamiento de residuos), en virtud de la reforma eléctrica, dejarán de percibir las primas al fomento de las energías verdes y ahora se someterán a un sistema de rentabilidad razonable que fijará esta Comisión paritaria y aprobará el Ejecutivo antes de final de año.
El Ministerio usará los fondos del IDAE para pagar el millón de euros que cobrarán las tres consultoras por su trabajo
En juego están los más de 6.000 millones de euros que hasta ahora percibían, de media cada año, todas las instalaciones de energías renovables existentes en España.
Industria, a través de los fondos del IDAE, se gastará en torno a un millón de euros (900.000 euros más IVA) en los honorarios que cobrarán estas tres consultoras por sus trabajos, según la información avanzada por el diario Cinco Días.
