El sector eólico no se fía del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, y del nuevo andamiaje jurídico de la reforma energética que ha cimentado el hachazo a todas las renovables.
Las grandes compañías eólicas (Iberdrola, Acciona, EDP Renovables…) han 'pasado' del concurso montado por el ministro canario en su propia tierra, en lo que supone otro varapalo a su gestión al frente de un Departamento desde el que se han promovido con vehemencia las fracasadas prospecciones petrolíferas de Repsol en las aguas del archipiélago.
Son dos factores que han acentuado aún más el desgaste político del ministro cuando Canarias camina hacia las elecciones autonómicas de mayo y el PP aún no tiene candidato.
El titular de Industria diseñó un plan para promover el desarrollo de la energía eólica en el archipiélago con el objetivo de recortar los sobrecostes de generar energía eléctrica de forma convencional en los sistemas extrapeninsulares y para ello puso en marcha un concurso para adjudicar unos 450 megavatios (MW) que se libran del hachazo y podrán cobrar una retribución a la inversión al estilo de las antiguas primas a las renovables.
Son dos fracasos que han acentuado el desgaste político del ministro cuando se acercan las autonómcias y el PP no tiene aún candidato en Canarias
Toda una excepción frente al resto de España que, según las previsiones de Industria, iba a atraer a las grandes compañías a las islas, con una inversión estimada de 630 millones de euros y la creación de 3.500 empleos.
Sin embargo, el plazo de presentación de las solicitudes para acogerse al registro del cupo canario terminó en noviembre y sólo se han presentado al proceso 15 MW, el 3,33% del total.
Ha sido tal el fracaso de la convocatoria que el Ministerio se ha visto obligado a atender las peticiones del propio sector y ampliar los plazos para tratar de atraer más inversores. Se fija el 31 de diciembre de 2015 como fecha límite para la inscripción del registro, frente al mismo día del pasado año, mientras que el desarrollo e instalación de los molinos se podrá realizar hasta diciembre de 2018, dos años después de lo previsto inicialmente.
Fuentes del sector señalan que las compañías han hecho el vacío al ministro en el proceso, no sólo por las estrechez de los plazos sino también porque la inseguridad jurídica es tal con la nueva normativa que el Gobierno puede cambiar los sistemas retributivos cada seis años.
El desplante de las compañías al ministro se produce pese a que los MW que se van a adjudicar gozarán de una retribución especial
"Ha sido una especie de desplante, en señal de protesta por el duro ajuste que Soria ha aplicado la retribución de todas las energías renovables. No hay duda de que con los nuevos plazos se cubrirán los MW en concurso dado el atractivo que tiene su retribución, pero el gesto del sector contra el ministro ahí queda", afirma un directivo del sector.
"Sin embargo, el hecho de que cada seis años se puedan revisar las condiciones genera una inseguridad jurídica que complica la financiación de los proyectos, porque las compañías no pueden garantizar a los bancos un escenario estable de ingresos durante toda la vida útil de las instalaciones", añade.
Al revés sufrido por el ministro en su propia tierra con sus planes eólicos se une ahora el fracaso de su gran apuesta por encontrar gas y petróleo bajo las aguas canarias. Ha sido Soria el gran impulsor de las prospecciones, pese a la polémica desatada y a la gran oposición ciudadana y de casi toda la clase política asentada en las islas, pero Repsol ha desistido al no encontrar hidrocarburos suficientes y de calidad en la zona.
El ministro había augurado el éxito de las prospecciones y confiaba en que se podría combatir la excesiva dependencia energética del exterior con la producción de hidrocarburos nacionales. Se ha topado de bruces con la realidad: Repsol ha optado por suspender las costosas labores de prospección, pese a que posee permisos para explorar varios pozos en la zona.
Soria insiste en que la última palabra la tiene la petrolera, pero el subsecretario de Industria y Energía, Enrique Hernández Bento, ya ha amenazado con imponer una 'multa' de cinco millones de euros al grupo si no sigue buscando crudo en el pozo Chirimoya.