El Ministerio de Industria y Energía que todavía dirige, en funciones, José Manuel Soria ha pagado a precio de oro los honorarios del bufete de abogados Herbert Smith Freehills, que ha defendido (y ganado) los intereses del Reino de España ante el Tribunal Arbitral de Estocolmo en la primera demanda internacional por los recortes aplicados al sector fotovoltaico en 2010.
Según el laudo arbitral al que ha tenido acceso Vozpópuli, que desestima la demanda de Charanne B.V y Construction Investments SARL y da la razón al Gobierno español, "en cuanto a los honorarios de sus abogados, el Tribunal Arbitral nota la desproporción entre la suma de XXX (la cantidad figura tachada por ser confidencial) reclamada por la demandada (Reino de España) por concepto de honorarios y gastos de sus abogados y la reclamación hecha por los demandantes (las dos sociedades antes citadas, ligadas al grupo español Isolux), por el mismo concepto, de XXX (cantidad también tachada)".
Los jueces arbitrales determinan, más adelante (punto 564 del laudo), que "el monto razonable de los gastos de representación de la demandada es un millón de euros". Además, en el punto 570 establecen que "en conclusión, las demandantes deberán pagar a la demandada la suma de 1,31 millones de euros y 5.155 dólares (4.602 euros) por conceptos de costos y gastos razonables".
El abogado que ha liderado el equipo de Herbert que ha ganado la demanda fue responsable jurídico del área de Energía del Ministerio entre 2006 y 2009
Estas cantidades se extraen de la petición de la representación legal que defiende al ministro Soria en el proceso y del monto razonable que estiman los árbitros, que además consideran que "la reclamación de la demandada por concepto de honorarios es desproporcionada con el valor de las demandas, el cual es de menos de 10 millones de euros. Aunque los temas en debate puedan ser complejos, el Tribunal estima que las partes pudieron haber limitado sus gastos en consideración del valor limitado de la disputa".
Se da la circunstancia de que el equipo de abogados de Herbert Smith Freehills que ha llevado la defensa de los intereses del Ministerio de Industria está encabezado por Eduardo Soler-Tappa, abogado del Estado en excedencia que fue máximo responsable jurídico de la Secretaría de Estado de Energía, dependiente de este Ministerio, entre los años 2006 y 2009, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.
Soler-Tappa supervisó, cuando trabajaba para el Ministerio, la aprobación de importantes normas que sirvieron de base para el fulgurante desarrollo de la energía fotovoltaica en España. Este abogado dejó Industria en 2009 para incorporarse al bufete ahora contratado por Soria.
El Tribunal de Estocolmo no sólo critica la "desproporcionada" reclamación por los costes jurídicos que hace Industria sino que además no la considera acorde con el monto en juego, unos 10 millones de euros
Un año más tarde, en 2010, el entonces titular de este Ministerio, Miguel Sebastián, aprobó el primer hachazo a las retribuciones que recibían las plantas fotovoltaicas, medida que provocó una oleada de demandas nacionales e internacionales, entre las que se incluye la que ha sido objeto del laudo arbitral.
La Corte de Estocolmo cuestiona el precio pagado por el Ministerio que dirige el ministro Soria, que en concurso público adjudicó el contrato para que el bufete Herbert Smith Freehills le representara. Fuentes de este despacho no quisieron hacer comentarios al respecto.
Otras fuentes del sector, sin embargo, defienden que la cantidad pagada por Industria al bufete es "baja comparada con la que cobran otros despachos y además le ha salido gratis al Gobierno porque la Corte arbitral ha condenado al pago de la mayoría de las costas del proceso a los perdedores (las dos sociedades del grupo Isolux)".
No opinan lo mismo los jueces-árbitros que han redactado el laudo, al considerar "desproporcionadas" las cantidades exigidas por el Ministerio para sufragar sus gastos en la representación legal (un millón de euros), el peritaje, las costas por audiencias y transcripciones y los costes de arbitraje del tribunal.
