En los últimos seis meses han llegado al Tribunal Supremo en torno a 400 recursos contencioso-administrativos contra la normativa para las renovables que fija el nuevo sistema de retribución.
Según han confirmado a Vozpópuli varios de los denunciantes, entre los que se encuentran pequeñas, medianas y grandes empresas, patronales, inversores internacionales, corporaciones industriales e instituciones, entre otros muchos, la Abogacía del Estado se ha negado a entregar en la apertura de estos procesos los informes que sirvieron de base para establecer una retribución ligada a una rentabilidad media del 7,5% para todas las instalaciones.
Los abogados de los demandantes, que discrepan de los parámetros de inversión fijados por el Ministerio de Industria y Energía para establecer esa rentabilidad media, quieren ver los informes que elaboraron Boston Consulting y Roland Berger.
El Departamento que dirige José Manuel Soria pidió a estas dos consultoras que analizasen el sector para cotejar sus conclusiones con las de Industria, pero las empresas y patronales renovables sospechan que sus parámetros de inversión de las instalaciones estudiadas se acercaban más a las propuestas del sector que a las del Gobierno.
El sector sospecha que Industria no quiere aportar los informes porque se acercan más a los estándares presentados por las empresas renovables que al fijado por el Gobierno
Según las fuentes consultadas, los dos informes establecían unos estándares de inversión que diferían en más de un 10% de los establecidos por Industria. El sector renovable presentó propuestas que, de media, fijaban unos estándares que se distanciaban en un 16% de los de Industria.
De ahí que el sector sospeche que la Abogacía del Estado no quiere presentar esos informes ante el Supremo porque esto demostraría que Industria no los tuvo en cuenta a la hora de fijar el recorte definitivo de la retribución.
Sea como fuere, el sector renovable considera que estos informes tienen que ser aportados a la causa. “Son fundamentales para estudiar todos los extremos suscitados en el litigio que la asociación mantiene con el Ministerio de Industria", afirmó a principios de enero la patronal Appa, que se quejó de que hace dos meses que se solicitaron y no han sido presentados.
Las patronales solicitaron los informes hace dos meses y critican que el Ministerio está obstaculizando el proceso judicial en el Alto Tribunal
Esta asociación renovable cree que Soria "obstaculiza el procedimiento judicial contra la orden de parámetros retributivos de las renovables al no aportarlos”.
"Con su silencio, el Ministerio de Industria está obstaculizando la ampliación del expediente y ralentizando el procedimiento judicial, sin justificación aparente", afirma la asociación.
Otra patronal muy combativa en esta batalla es UNEF, la asociación que defiende los intereses del sector fotovoltaico, el más vapuleado por el ajuste a la retribución aprobado en julio de 2014.
