Entre las sorpresas desagradables que contiene la reforma energética aprobada hoy por el Consejo de Ministros figura un bocado adicional de entre 2.500 y 3.000 millones de euros más para las compañías eléctricas que las empresas van a tener que soportar en sus balances como deuda durante hasta quince años.
Pese al paquete de medidas aprobado hoy, el déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes reconocidos del sistema) que se genere este año rondará esa horquilla de hasta 3.000 millones, según los cálculos del Ministerio de Industria. Una cifra que es muy superior a las previsiones de las eléctricas, que calculaban que la desviación en 2013 iba a ser de unos 1.000 millones.
Y, a diferencia de lo que ocurrirá hasta ahora, esa cuantía no se va a titulizar (convertir en títulos negociables para su colocación en los mercados), sino que deberá ser asumida por las empresas, que asumirán ese déficit como deuda y luego podrán trasladarlo paulatinamente a la tarifa (tendrán quince años para hacerlo), ya que también será un derecho de cobro reconocido, explican fuentes de Industria, que aseguran que las empresas “ya están informadas” de este extremo.