La reforma eléctrica que hoy ha aprobado el Gobierno incluye una subida de la luz del 3,2% como consecuencia de la negativa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que los Presupuestos Generales del Estado asuman 2.000 millones de euros de costes eléctricos de forma “permanente”, como había anunciado el ministro de Industria, José Manuel Soria. Finalmente, la aportación de Hacienda se queda en 900 millones de euros (no para este ejercicio, sino de forma consolidada a partir de ahora), lo que se traducirá en la citada subida de la luz del 3,2% el próximo mes de agosto para compensar una aportación adicional de los consumidores a los peajes (costes regulados del sistema).
La reforma, con la que, según ha dicho hoy Soria tras el Consejo de Ministros, el Gobierno demuestra que "no se casa con nadie" en el sector, reduce la retribución de un conjunto de actividades reguladas del sistema de unos 2.700 millones de euros al año al introducir medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de fuel de los sistemas extrapeninsulares e insulares; se disminuye la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad fundamentalmente las centrales de ciclo combinado y se establece un mecanismo de mercado para la interrumpibilidad.
Además, desaparecen las primas a las energías renovables tal y como se concebían hasta ahora. Con la reforma, las tecnologías del régimen especial (eólica, fotovoltaica, termosolar y cogeneración, entre otras) recibirán un complemento por sus costes de inversión basado en estándares por tecnologías. “Se garantiza una rentabilidad adecuada basada en las Obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos”, lo que equivale a una rentabilidad del 7,5%, según el Ejecutivo.
Además se establece “un sistema específico de incentivos para Canarias y Baleares, donde la energía eólica y fotovoltaica son más baratas que la generación convencional”, hasta ahora basada en el fuel oil, y se fija un nuevo régimen retributivo de las redes de transporte y distribución. Se fija una retribución homogénea adecuada a una actividad “de bajo riesgo” (obligaciones del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos) y se establece “un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual”.
Tal y como había anunciado Industria, se introduce una regla de estabilidad financiera mediante un sistema automático de revisión “que evitará la aparición de nuevos desajustes”. “Se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin que venga acompañada de un aumento equivalente de los ingresos” y “aquellos sobrecostes generados por normativas autonómicas locales deberán ser asumidos por éstas”, según el Ejecutivo.
El Gobierno calcula que, para corregir el déficit estructural de 10.500 millones que “heredó” en 2011 del anterior Ejecutivo socialista, hubiera sido necesario subir el recibo más de un 40%. Las medidas tomadas desde 2012 “han corregido el déficit del sistema con un mínimo impacto para el consumidor”, dice el Ejecutivo.
En cuanto al reparto de la aportación de cada agente tras la reforma, queda claro que el esfuerzo del Estado, que es el que generó el “agujero” del déficit de tarifa, como hoy lo ha definido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al negarse los sucesivos gobiernos a subir la luz, se queda en muy poco: de todas las medidas tomadas desde el año pasado, los Presupuestos sólo han asumido un 3,8%; un 12,7% procede de los impuestos a las empresas generadoras; un 12,7%, a la reducción de costes del sistema 17,9%; y los consumidores han soportado una subida del precio de la luz 8%
El sector, que ha tenido 33 reformas desde el año 1998, cuenta con “importantes fortalezas”, destaca el Gobierno: un mix “diversificado y equilibrado de tecnologías de generación”, un “alto nivel de penetración de las energías renovables, cercano al 50% de la energía producida en la primera mitad de 2013”, y “un elevado nivel de desarrollo de infraestructuras y calidad de suministro”.
Pero “los costes regulados han crecido muy por encima de los ingresos”, según el Ejecutivo. “El déficit se origina por un crecimiento exponencial de los costes del sistema, en especial las primas a las renovables y la amortización de la deuda”, que ha crecido un 567% en el periodo 2003-2011, según el Gobierno. En ese periodo “se han más que duplicado”, el consumidor ha visto su factura aumentada un 63% “y pese a todo sigue generándose déficit”.
El resultado es que el precio de la electricidad en España está por encima de la media europea (sólo en Irlanda y Chipre es más caro antes de impuestos) y el consumidor industrial “también paga la electricidad más cara que la mayoría de sus competidores”. Y la alternativa a esta reforma, como ha reiterado hoy el ministro de Industria, era “la quiebra del sistema”.
