España ha repartido desde 2005 varias decenas de millones de euros en ayudas públicas para llevar la TDT a las zonas más remotas de su territorio. Es decir, a aquellos lugares donde los operadores de televisión no están obligados a transmitir su señal. El problema es que, en 2013, la Comisión Europea dijo que los concursos en los que las comunidades autónomas concedieron esas ayudas no habían sido neutrales, por lo que obligó a España a recuperarlas. Cuatro años después, y tras un largo proceso judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe pronunciarse sobre este asunto. Cellnex -filial de Abertis- fue beneficiaria de alrededor del 45% del dinero repartido, lo que añade un poco más de incertidumbre a las OPAs de ACS y Atlantia sobre su matriz.
Hace unas semanas, el abogado general de la Unión Europea, Melchior Wathelet, habló de forma tajante sobre este tema, al recomendar al TJUE que desestime los recursos que interpuso España y varias comunidades autónomas contra la decisión que el Tribunal General de la UE tomó en 2015, que instaba a España a reclamar estas subvenciones a los beneficiarios.
Aquella sentencia dejaba claro que el Gobierno español debía reingresar estas subvenciones cuanto antes, con independencia de que presentara un recurso ante el 'Tribunal Superior' comunitario. Lejos de cumplir este requerimiento, el Ejecutivo ha aplazado la resolución del problema (el pasado enero, sólo había recuperado 4,4 de los 325 millones), lo que ha causado malestar en la Comisión Europea. De hecho, España podría recibir próximamente una sanción millonaria como consecuencia de su negligencia en este asunto.
Dentro del sector de las telecomunicaciones, se considera que lo más probable es que la justicia Europea falle contra los intereses de España en las próximas semanas. De hecho, las fuentes consultadas por Vozpópuli inciden en que la opinión del abogado de la UE es secundada en 8 de cada 10 sentencias del TJUE.
Sea como fuere, uno de los escenarios que se plantean es que el tribunal se pronuncie antes de que se resuelvan las OPAs que ACS y Atlantia han lanzado sobre Abertis, matriz de Cellnex y receptora de estas ayudas entre 2005 y 2013. Cabe recordar que Cellnex se creó en 2014 a partir, principalmente, del negocio de difusión y transporte de señal de telecomunicaciones de Abertis.
Nuevos frentes judiciales
Las comunidades autónomas han puesto en marcha durante los últimos meses la maquinaria administrativa necesaria para reclamar las ayudas a sus adjudicatarios. Y se han dado cuenta de que el proceso no será tan sencillo como parece, dado que, en el caso de Cellnex -receptora del 45% de esta cantidad- a cada solicitud de devolución le sigue una denuncia por daños patrimoniales y enriquecimiento injusto que equivale al importe que le reclaman a la empresa.
Parece claro que este nudo gordiano tardará un tiempo en resolverse, máxime después de la apertura de estos nuevos frentes judiciales. Eso sí, España está obligada a recuperar estas ayudas cuanto antes si no quiere que se incrementen sus problemas con la Comisión Europea por la TDT.
