El Expediente de Regulación de Empleo que se planteó en Radiotelevisión Española hace más de una década todavía obligará a desembolsar varias decenas de millones de euros de las arcas públicas. Los 719 prejubilados que se encontrarán dentro de este plan percibirán en el ejercicio 2019 un total de 38 millones de euros. Es decir, una media de 52.884 euros por persona, según los datos difundidos por el Tribunal de Cuentas.
Esta institución difundió en el ejercicio 2015 un duro informe en el que se señalaban las varias irregularidades que han afectado a este ERE, aprobado con el PSOE en la Moncloa y con Carmen Caffarel al frente de la televisión. Hay que recordar que implicó la salida de la corporación de 4.150 empleados de forma voluntaria y que contó con el apoyo del Comité de Empresa, que negoció unas condiciones que han sido puestas en tela de juicio por su elevado coste para el erario público.
Entre los aspectos que criticó el Tribunal de Cuentas se encuentra la inclusión en el plan de rentas del ERE de hasta 38 complementos salariales variables, pese a que algunos "sólo pueden cobrarse durante un período limitado de la vida laboral" y "no debieron incluirse en el cálculo de la base salarial".
La medida también contemplaba un incremento salarial anual del 2,5% que los prejubilados han recibido a la vez que la correspondiente subida del IPC. Esto tendrá un coste estimado de entre 12.816 y 157.897 euros por cada profesional acogido al ERE -entre 2007 y 2022- y ha provocado que haya trabajadores que cobren un sueldo más alto actualmente, sin trabajar, que si acudieran diariamente a Torrespaña o a Prado del Rey.
RTVE invierte anualmente 380 millones de euros en mantener su plantilla, de 6.300 empleados
El Expediente de Regulación de Empleo está previsto que tenga un coste de 38 millones de euros en 2019, de 19,8 en 2020, de 7,2 en 2021 y de 15.265 euros en 2022. El año que más dinero costó esta medida fue 2011, cuando los 3.544 prejubilados percibieron 173 millones de euros. Es decir, 48.831 euros por cabeza, de media.
Este desembolso se realiza a través del antiguo ente público Radiotelevisión Española, el cual daba cobertura a este servicio público hasta su transformación en corporación. Cada año, hay que sumarlo a los 380 millones de euros que invierte el Estado en sufragar los salarios y las cargas sociales de los alrededor de 6.300 empleados.
Dispendio de dinero público
Por otra parte, como publicó este periódico, el acuerdo contemplaba la institución de una Comisión Mixta Paritaria de Interpretación y Aplicación del ERE cuyas decisiones han sido, como poco cuestionables, puesto que algunas de ellas han excedido las competencias que tiene asignadas. “Debido a su complejidad, no se ha podido cuantificar ni siquiera de una manera aproximada el importe económico que estas decisiones han supuesto”, expuso el Tribunal de Cuentas.
Uno de los objetivos de este ERE fue el de rejuvenecer la plantilla. Sin embargo, después de más de una década sin convocatorias de empleo público y sin plantear un plan de bajas bajas voluntarias o forzosas, 6 de cada 10 trabajadores tienen más de 50 años y sólo el 15% cuenta con menos de 40. Si se mantiene esta inercia, en 2022 el 71% del personal de convenio se encontrará, al menos, en la quinta década de vida.
