El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado ampliar la imputación del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa por remitir información "incompleta" e "insuficiente" a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el fin de obstaculizar su labor supervisora e inspectora en la compañía.
El magistrado ha imputado al que fuera máximo responsable de la compañía por "negativa o resistencia" a la actuación supervisora o inspectora de la CNMV, que se suma a los presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales, uso de información relevante, estafa, falsedad en documento mercantil y un delito societario por los que ya está siendo investigado.
En un auto, fechado el pasado 16 de agosto, el juez atiende la documentación aportada por el organismo supervisor y la petición del Ministerio Fiscal para argumentar que los hechos investigados pueden incurrir en un delito societario, tipificado en el artículo 294 del Código Penal, al remitir Pescanova S.A. "información incompleta, insuficiente y que omite aspectos relevantes" a la CNMV, organismo que ejerce la acción supervisora e inspectora.
La Fiscalía solicitó la ampliación de la imputación de Fernández Sousa después de recibir un expediente sancionador incoado en mayo por el Comité Ejecutivo de la CNMV contra el presidente y otros responsables de la empresa por la presunta comisión de una infracción muy grave por negarse o resistirse a su actuación.
El Ministerio Fiscal ve congruente la remisión del expediente toda vez que los hechos pueden tener carácter penal, si bien solo respecto a Fernández de Sousa-Faro, sobre quien pesa una fianza de 178 millones de euros en la causa en la que se investiga el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra de acciones.
Fianza de 1.200 millones
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto una fianza civil de 1.200 millones de euros a diez directivos de Pescanova y seis sociedades, entre ellos su expresidente Manuel Fernández de Sousa, quien tendrá que pagar una fianza de 178.856.577 euros.
Otros de los directivos son el consejero Alfonso Paz-Andrade, para quien ha dictado una fianza de 125.066.753 euros, así como seis sociedades del grupo, una de ellas Pescanova S.A., que tendrá que abonar 54.7840.678 euros.
En el auto notificado este lunes, el juez impone las fianzas, destinadas a cubrir futuras responsabilidades civiles en caso de condena penal, teniendo en cuenta el número de querellas y denuncias dirigidas contra cada uno de los directivos y sociedades.
