Julio de 2014. En uno de los últimos consejos de ministros del curso, el Gobierno da luz verde a dos procesos largamente esperados: la privatización de AENA y la apertura a operadores privados del tráfico ferroviario de pasajeros. Cada uno con sus tiempos particulares, ambas cuestiones culminarían en poco más de un año, con las acciones del gestor aeroportuario cotizando en Bolsa y trenes de una empresa diferente de Renfe circulando por el corredor de alta velocidad Madrid-Levante, el primero que se iba a privatizar. Pero mientras AENA lleva casi 13 meses en el parqué, Renfe sigue sin competencia en el transporte de viajeros. Y parece que seguirá así por largo tiempo.
La liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril forma parte de la lista de deberes que el Gobierno de la última legislatura, actualmente en funciones, se ha dejado sin hacer. El proceso ha quedado varado en la aprobación del pliego para la licitación del único título habilitante que el Ministerio de Fomento iba a conceder para un operador privado, un documento que no ha llegado a ver la luz y que han estado esperando durante los últimos meses un buen número de empresas que habían obtenido la correspondiente licencia para acceder a este mercado.
En concreto, 21 compañías cuentan con la autorización para prestar servicio de transporte de viajeros por ferrocarril, aunque sólo diez de ellas tienen además el necesario certificado de seguridad. La última en lograr la licencia ha sido el fabricante CAF, que el pasado mes de diciembre logró tanto la de transporte de viajeros como de mercancías. Pero hace más de seis años que las primeras obtuvieron los citados permisos.
Grupos constructores y de servicios como ACS, Acciona, Comsa y Ferrovial fueron los primeros en apostar por este mercado, secundados por empresas centradas en el sector del transporte como Globalia y varias firmas especializadas en el área de transporte de viajeros por carretera. Así hasta llegar a las 21 que actualmente aguardan en vano la aprobación del pliego de condiciones.
Dos años de retraso como mínimo
Meses y meses de trabajo, millones y millones en costes pueden quedar sepultados por el hecho de que finalmente la liberalización no se lleve a cabo. Las aspirantes a hacerse con el título habilitante aguardan aún una solución pero empiezan a temer que todo el esfuerzo habrá sido baldío y que la supuesta inversión habrá de ser considerada como gasto.
Las dudas sobre la futura composición del Gobierno tampoco ayudan. Gran parte de la oposición se mostró contraria a este proceso liberalizador con lo que será difícil que un Ejecutivo distinto al de la última legislatura siga adelante con el proceso ahora varado. Mientras, Fomento sigue concediendo las licencias a los solicitantes, algunos de los cuales han comenzado a plantearse si renovar los certificados de seguridad, a la espera de saber si finalmente servirán para algo.
El Gobierno aseguró que los primeros trenes de pasajeros de operadores privados circularían por las vías a finales de 2015. Si el pliego se aprobara el próximo verano, posibilidad harto improbable toda vez que seguramente ni habrá nuevo Ejecutivo aun), el adjudicatario del título habilitante no circularía hasta finales del primer trimestre de 2017.
