El empleado de Ineco que presentó una querella contra cuatro altos directivos de AENA remitió a comienzos de año una comunicación a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que exponía una serie de hechos que podría ser constitutiva de hasta cinco delitos de carácter penal. El documento, que presenta fecha de registro de entrada en el Congreso de los Diputados de 5 de enero, detalla cómo determinadas encomiendas adjudicadas por AENA a Ineco incluían prestaciones de servicios que sólo llevan a cabo trabajadores del gestor aeroportuario, por lo que la encomienda quedaba vacía de contenido.
Los motivos expuestos en la comunicación, que posteriormente han formado parte de la querella, fueron respondidos cerca de tres meses después por el Ministerio aunque, en este caso, por medio del secretario de Estado, Rafael Catalá. En una escueta carta firmada el 27 de marzo, Catalá señala que los hechos denunciados por el trabajador de Ineco ya había sido examinados e investigados, con la conclusión de que los servicios encomendados a Ineco eran reales, con lo que quedaba descartada la supuesta desviación de caudales públicos y enriquecimiento injusto de los consejeros de Ineco.
Este intercambio de misivas, previo a la querella admitida a trámite a finales del pasado mes de septiembre por el juzgado de instrucción número 47 de Madrid, podría dejar en evidencia al Ministerio de Fomento toda vez que la respuesta de Catalá contrasta con algunas declaraciones judiciales, algunas de ellas bajo juramento, por parte de trabajadores de AENA e incluso de dos de los directivos ahora imputados.
Una de las partes fundamentales de la querella se refiere al contrato DAP 17/09, adjudicado por AENA a Ineco y en el que se incluye el servicio de detección de incumplimiento de slots. Pues bien, Miguel Ángel Monasterio, uno de los directivos imputados en la querella, aseguró en febrero de 2010 ante el juez Miguel Moreiras que este servicio sólo lo prestaban dos personas contratadas por AENA. Una declaración ratificada posteriormente, también ante el juez, por el propio Monasterio (septiembre de 2011) así como por las dos trabajadoras que lo prestaban (diciembre de 2011 y marzo de 2012 ante el magistrado Ángel José Lera).
Catalá, en evidencia
Por otra parte, Francisco Díaz, alto cargo de Ineco, también admitió ante el juez que no todos los servicios incluidos en el contrato DAP 17/09 son prestados por los trabajadores de la ingeniería pública.
De este modo, estas declaraciones dejan en evidencia la afirmación de Catalá de que los servicios encargados a Ineco por parte de AENA eran reales y, al contrario, ponen de manifiesto que la ingeniería pública habría percibido dinero por un servicio que no habría prestado puesto que sólo se realizaba desde la propia AENA.
Por el momento, Monasterio presta hoy declaración junto a Pedro de Miguel, Miguel Ángel Ávila y Javier Marín, todos ellos imputados por el titular del juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero.
