El proceso de rescate de las autopistas de peaje en situación de quiebra está viviendo sus últimos episodios. Finalmente, el Gobierno se saldrá con la suya y las concesionarias tendrán sólo un 20% de la sociedad pública que creará Fomento para aglutinar los activos del rescate. A cambio, agilizará los pagos pendientes a las concesionarias por obras ejecutadas que, en principio, iban a satisfacerse en siete años.
Después de muchos tiras y aflojas, el rescate de las autopistas en quiebra está prácticamente a punto. Las concesionarias no han logrado el objetivo de tener una mayor participación en la nueva empresa nacional de autopistas y tendrán que conformarse con un exiguo 20%, valorado en el entorno de los 110 millones de euros.
El Ministerio de Fomento se ha mantenido siempre firme en este punto, que ha considerado prácticamente innegociable. Eso sí, a la mayoría de los grandes grupos de construcción y servicios, principales accionistas de las concesionarias, sí les ha seducido la oferta de adelantar el pago pendiente por obras ya ejecutadas, que asciende a unos 460 millones de euros. En lugar de en siete años, como estaba previsto, los pagos se abonarán en uno, probablemente en 2014.
La compensación por parte del Ejecutivo también incluirá una partida, que según fuentes del sector se situaría aproximadamente en 75 millones de euros, en concepto de pago por expropiaciones.
Cuadrar las exigencias de Bruselas
No obstante, la solución no convence a la totalidad de los actores involucrados, ya que estas compensaciones no afectan a todos por igual, por lo que no se descarta que aún se intensifiquen las negociaciones antes de aprobar definitivamente la medida.
Aún así, la mayoría de los obstáculos que aparecían en el horizonte a mediados de año están salvados, por lo que el Gobierno podría concluir la operación antes de que se cerrara el presente ejercicio.
Entre los pocos cabos sueltos que restan se encuentra el de cuadrar el diseño de la sociedad pública de autopistas con las exigencias que han llegado desde Bruselas para que la maniobra no repercuta en el déficit. Estas exigencias se basan en el equilibrio financiero de la sociedad, que estaría claramente en peligro con la inclusión de Aucosta, una de las concesionarias en concurso de acreedores.
Se trata de la sociedad que gestiona el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera que, además de estar en situación de quiebra financiera, padeció los efectos de las riadas acontecidas hace algo más de un año, especialmente en las provincias de Murcia y Almería.
Antes de fin de año
Fomento analiza en estos momentos cómo podría resolverse esta situación que también podría afectar a Ausur, la concesionaria del tramo Alicante-Cartagena de la propia AP-7 y que no ha solicitado la declaración de concurso de acreedores aunque también atraviesa una delicada situación financiera.
Tanto Aucosta como Ausur cuentan con la constructora Ploder como principal accionista.
El Ministerio no ha lanzado ultimátum a las concesionarias y sus principales accionistas pero sí les ha marcado fechas tope para ir cerrando las negociaciones. La última se situaba a finales de la presente semana, aunque lo más probable es que las conversaciones se extiendan hasta finales de año. En cualquier caso, la mayoría de los obstáculos parecen finalmente salvados.
