El Gobierno pretende pisar el acelerador para resolver cuanto antes el asunto de las concesionarias de autopistas de peaje en concurso o con problemas financieros. Sin embargo, la situación actual convence poco o nada a las constructoras, que son las principales accionistas de las sociedades. Los pocos detalles que han trascendido sobre el diseño del rescate a las concesionarias han provocado un serio rechazo por parte de los grupos constructores.
El Ministerio de Fomento deslizó hace unos días que la sociedad que pretende crear para aglutinar a las concesionarias con problemas o que ya han recurrido al concurso de acreedores estaría valorada en poco más de 600 millones de euros y que las constructoras tendrían en torno al 20% de la nueva empresa.
Son cifras que se quedan muy por debajo del horizonte a partir del cual los grupos constructores están dispuestos a hablar. Ese límite se establece en el entorno de los 1.500 millones de euros, que es la cifra que ya han invertido en las autovías de peaje de nueva generación, que se han topado con los obstáculos por todos conocidos: los extremados sobrecostes en las expropiaciones de terrenos, el endurecimiento de las condiciones financieras a causa de la crisis y, sobre todo, las notables caídas de tráficos que hicieron saltar por los aires las previsiones que hacían rentables las nuevas autovías.
Con el planteamiento que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha trasladado a las compañías, el objetivo de las constructoras no llega ni al 10%, de ahí que, por el momento, las posturas estén muy distanciadas.
La amenaza de la liquidación
Las constructoras consideran que tienen un as en la manga para convencer a Fomento en las negociaciones para solventar esta situación. Si las concesionarias van entrando en fase de liquidación, sería finalmente el Gobierno el que debería asumir la responsabilidad en último término y, por lo tanto, aportar igualmente la cantidad, con la diferencia de que, entonces, sí que computaría como déficit.
De este modo, El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy más difícil llegar al objetivo establecido por Bruselas, pese al plazo ampliado que el Gobierno comunitario ha concedido a España para rebajar el desequilibrio de las cuentas públicas hasta el 3%.
La pasada semana, el nuevo presidente de la patronal constructora Seopan, Julián Núñez, rechazó el rescate a las concesionarias con problemas financieras. En declaraciones a TVE, Núñez aseguró que “no hay que rescatar a las autopistas. El Gobierno anterior implementó unas medidas de viabilidad para mantener estas vías y, en las circunstancias actuales, el Gobierno está reconsiderando otras alternativas y estamos dialogando sobre ellas”.
En el mercado está llamando la atención precisamente el papel activo que está tomando Seopan en este proceso en detrimento de Aseta, la patronal de las concesionarias de autopistas de peaje, que son las principales afectadas por este proceso.
