Con sólo un año en el puesto, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tiene en su haber el dudoso logro de que el déficit tarifario, la descomunal deuda (casi 30.000 millones de euros, un 3% del PIB) que van a tener que pagar los consumidores de electricidad en las próximas décadas, se dispare más que nunca con respecto a las previsiones iniciales de su departamento. Más incluso que cuando su cargo lo ocupaba el socialista Miguel Sebastián, a cuya gestión puede atribuirse buena parte del agujero actual.
A falta de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) elabore la liquidación definitiva para el ejercicio 2012, prevista para abril, el desfase entre ingresos y costes reconocidos del sistema eléctrico para el año pasado alcanzará una cifra que el sector estima en unos 5.000 millones de euros, lo que suponen 3.500 millones más con respecto a la previsión inicial del Gobierno, que era de sólo 1.500 millones.
Es la mayor desviación al alza desde que, en 2009, se estableció, vía Real Decreto-Ley, una senda de reducción del déficit que se ha incumplido de forma sistemática, y que pretendía que el desajuste no se produjera a partir del año 2013. Con Sebastián, el mayor desfase se produjo en el ejercicio 2010, cuando el déficit tarifario alcanzó la friolera de 5.554 millones, es decir, 2.554 millones por encima del tope de 3.000 millones establecido previamente.
Soria, que no ha acometido una verdadera revisión de los costes del sector y se ha limitado a recurrir a la vía de los impuestos mediante la controvertida Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética (que no ha empezado a aplicarse hasta este mes) puede esgrimir en su defensa la famosa herencia recibida: el límite legal de 1.500 millones para 2012, que inicialmente era de 1.000 millones (Sebastián lo amplió en diciembre de 2010) fue instaurado por su antecesor, así como las primas al régimen especial (cogeneración y renovables), a las que Industria ha señalado como responsables del agujero eléctrico y que este año superarán los 9.000 millones, según el propio ministerio.
Además, nada más llegar al Gobierno, Soria se encontró con una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a refacturar a lo largo de 2012 los peajes (parte regulada del recibo, donde se genera el déficit) que Sebastián no quiso actualizar al final de su mandato.
Sin embargo, el titular de Industria, que se ha cargado ese límite de 1.500 millones (y el de déficit cero para el ejercicio 2013) mediante una disposición colada de rondón en un Real Decreto-Ley publicado el último día de 2012, se ha resistido hasta el último momento a reconocer que el objetivo de 1.500 millones no iba a cumplirse. Durante prácticamente todo el año pasado, el ministro insistió en la idea de que, con los recortes de costes de finales de marzo pasado y la moratoria a las primas renovables para nuevas plantas, bastaría para cumplir los objetivos. Sólo en noviembre, cuando ya era evidente que ese tope se iba a rebasar con creces, anunció que tomaría “medidas adicionales” si “aparecieran circunstancias que desviaran al alza el déficit tarifario previsto para 2012 y 2013”.
Circunstancias que, huelga decirlo, han aparecido. Para justificar el "nuevo desajuste" no contabilizado por los técnicos del ministerio, el Gobierno ha argumentado la reducción de la demanda, "más acusada de lo previsto", así como "el sobrecoste del régimen especial" por la entrada en operación "con mayor premura" de nuevas centrales de energía renovable, y la negativa de Cristóbal Montoro a que los Presupuestos Generales del Estado incluyeran para 2012 un total de 1.217 millones de sobrecoste extrapeninsular, que deberá por tanto cargarse sobre la tarifa eléctrica.
No obstante, que la realidad pulverice las previsiones de déficit tarifario viene ocurriendo desde 2005. Ese ejercicio, la CNE pronosticó inicialmente un desajuste de sólo 139 millones. Cuando acabó el año, se situó en 3.800 millones.
