La mayoría de los gobiernos autonómicos han decidido tirar la casa por la ventana en la recta final de sus respectivas legislaturas en lo que se refiere a la licitación de obra pública. Un horizonte más que incierto por los resultados ajustados que ya se preveían en la mayoría de los territorios no ha sido obstáculo para que, durante los cuatro primeros meses del año, el volumen de las licitaciones de las Comunidades Autónomas se haya casi duplicado en relación con el mismo periodo del año anterior. En total, 1.325 millones de euros, frente a los 679 millones del periodo enero-abril de 2014.
Sin embargo, este notable incremento global del 95% registrado en tan peculiar periodo oculta cifras absolutamente mareantes marcadas por algunos gobiernos autonómicos en este capítulo.
Por encima de todos se sitúa el Gobierno de Canarias, cuyo volumen de licitaciones de obra pública se ha elevado ni más ni menos que un 1.065% en relación con los cuatro primeros meses de 2014, hasta los 107,9 millones de euros. La cifra refleja que el Ejecutivo canario ha licitado desde enero hasta abril de 2015 el mismo volumen de contratos que durante los dos años anteriores completos.
En el caso de Aragón, el volumen de licitación de obra pública en los cuatro primeros meses del año se ha ido hasta los 172,1 millones de euros, un 758% por encima del registrado en el mismo periodo de 2014. De este modo, el gobierno aragonés ha licitado sólo en cuatro meses 2,6 veces más que en todo el año pasado.
Por su parte, el Gobierno de Cantabria incrementó esta partida un 728%, aunque con un menor volumen, apenas 12,6 millones de euros.
Entre las cuatro comunidades autónomas que más han incrementado esta partida también se encuentra Euskadi, con un 791% más aunque, en este caso, el Ejecutivo vasco no se encontraba en la recta final de su legislatura.
Licitar más que Fomento
Son los casos más llamativos, lo que no quiere decir que sean los únicos. Por ejemplo, Asturias ha elevado un 178% la licitación de obra pública en los meses previos a la consulta electoral; Baleares, un 156%; Extremadura, un 80,5%...
La suma de las cifras correspondientes a todas las comunidades autónomas en el primer cuatrimestre del año es un 20% superior a las licitaciones del Ministerio de Fomento, en el que se incluye las correspondientes a la alta velocidad ferroviaria.
Los 1.325 millones de euros que ha licitado el conjunto de los gobiernos autonómicos es sólo un 10% inferior a la cuantía total correspondiente a la Administración Central. Sin ir más lejos, en 2014 esta diferencia se fue hasta el 55% mientras que en 2013 fue del 38%.
Este incremento sin precedentes de la licitación pública en apenas cuatro meses compromete a los gobiernos autonómicos, un buen número de los cuales cambiarán probablemente de manos tras las elecciones. De esta forma, la célebre “herencia” económica de la que tanto se ha hablado en lo referente al Gobierno central entraría también en juego en estos casos.
