Si la historia de nunca acabar (o por mejor decir, de nunca empezar) que es la ‘operación Chamartín’ tenía que salir adelante, era necesario que lo hiciera sí o sí antes de los procesos electorales que tendrán lugar en este 2015 tan intenso desde el punto de vista político. La imprescindible colaboración entre las tres administraciones para sacar adelante un faraónico proyecto que comenzó siendo valorado en 20.000 millones de euros, ya se habla de tan sólo 6.000 millones, hacía que el renacimiento del desarrollo urbanístico fuera una cuestión de ahora o nunca, toda vez que el futuro electoral es sumamente incierto.
Tanto es así que “no es descartable que, a finales de año, cada una de las tres administraciones esté en unas manos distintas, lo que haría prácticamente imposible desarrollar el proyecto”. Son palabras de una fuente que conoce muy bien los entresijos de la ‘operación Chamartín’, a partir de ahora conocida como Distrito Castellana Norte, cuyas líneas maestras apuntan a grandes cifras: tres millones de metros cuadrados, 6.000 millones de inversión, 120.000 nuevos puestos de trabajo, 17.000 viviendas…
Sin embargo, detrás hay un plan que pasa por inconcreto, que no desvela aspectos como las alturas de los edificios ni tampoco cuánto espacio se va a dedicar a cada ámbito (oficinas, hoteles, pisos, zonas verdes). El problema viene por la vía de la Justicia. En el verano de 2013, cuando se cumplían precisamente dos décadas del primer planteamiento de la operación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dejaba al desarrollo herido de muerte al considerar que el diseño del proyecto incluía inmuebles a más altura de lo permitido por la Ley.
La primera reacción de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid fue recurrir la decisión del TSJM ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la medida sólo aseguraba que la historia de la ‘operación Chamartín’ se prolongaría al menos durante tres años más, además de la incertidumbre que generaba la decisión que podía adoptar el Alto Tribunal.
Un nuevo plan hecho con prisas
Las partes implicadas en el proceso, las tres administraciones y, sobre todo, Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH), la concesionaria del proyecto (participada por BBVA y Grupo San José), determinaron que si aún quedaba alguna esperanza para sacar adelante el desarrollo ésta pasaba por darle la vuelta al proyecto y confeccionar uno nuevo que pudiera salvar el escollo de los tribunales.
“Los equipos de las tres administraciones llevan algo más de un año trabajando de forma muy intensa en esto”, aseguraba este viernes la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante su intervención en el acto de presentación de Distrito Castellana Norte.
Pero no ha habido tiempo para tratar de adecuar el proyecto al ámbito legal. Es un trámite que suele resultar muy complicado, incompatible con las prisas que les entran a los políticos cuando perciben la cercanía de las urnas. Es tiempo de promesas y grandes cifras pero no de concreciones.
De ahí que los más de doce meses empleados para trazar un nuevo plan se dejara por el camino en qué momento Renfe y Adif van a percibir los casi 1.000 millones de euros previstos en el planteamiento original a cambio de los terrenos que ocuparán el desarrollo.
Salvar a Renfe y Adif
En el planteamiento inicial, las compañías públicas tenían que recibir ese dinero no más tarde del 1 de enero de 2014. Al fin y al cabo, uno de los objetivos de la operación era apoyar económicamente a Renfe y Adif, como recordó el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Lo que no especificó fue cuándo se llevará a cabo la transacción de los terrenos en este nuevo intento de sacar adelante el mayor desarrollo urbanístico de Europa y uno de los mayores del mundo, en palabras de Francisco González, presidente de BBVA, también presente en el acto de bautismo de Distrito Castellana Norte.
Sin tiempo para esperar la decisión del Supremo y constreñidos por el límite que marcan las fechas electorales, los equipos técnicos han trabajado todo lo rápido que les ha sido posible. Pero el resultado estará inevitablemente ligado a lo que determinen los comicios municipales, autonómicos y generales.
