Nuevos accesos por carretera, más paradas de autobús, adelanto de las obras de ampliación de la línea 10 de metro, más espacio para centros educativos… Las modificaciones introducidas en la ‘operación Chamartín’ por su promotora, Distrito Castellana Norte (DCN), con vistas a la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Madrid, le han costado 103 millones de euros, cerca de un 2% de los 6.000 millones presupuestados para el desarrollo.
Un alto precio a pagar para trasladar al plan los resultados de los 48 informes que DCN solicitó a seis ministerios, siete consejerías de la Comunidad de Madrid, seis áreas de Gobierno del Ayuntamiento de la capital y diversas compañías suministradoras de servicios como Enagás, Red Eléctrica, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Canal de Isabel II. Todo ello para revisar la operación y lograr una aprobación definitiva que se resiste durante más de 20 años y que sufrió un varapalo considerable a mediados de 2013, cuando la Justicia paralizó el desarrollo.
La pasada semana, el presidente de DCN (participada al 72,5% por BBVA y al 27,5% restante por Grupo San José), Antonio Béjar, tuvo su primer encuentro con la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para presentarle la operación; una reunión en la que, a buen seguro, le habló de estos esfuerzos económicos y de adaptación de los planes. La primera edil de los madrileños se comprometió a estudiar una operación sobre la que, durante la campaña electoral de las municipales, había manifestado numerosas reticencias, tanto ella como Ahora Madrid, la formación política que encabeza.
Mucho trabajo tendrá por delante el equipo de Carmena, toda vez que el proyecto cuenta con más de 13.000 folios y 700 planos. Además de los 17 informes obligatorios que los promotores de la operación debieron presentar para la reforma del Plan Parcial, emitidos por distintos departamentos de los ministerios de Fomento, Industria, Defensa y por parte de la Comunidad de Madrid, en el proyecto se incluyen otros 31 que también fueron solicitados a organismos y entidades como la Confederación Hidrográfica del Tajo, Correos, Patrimonio del Estado, Consorcio de Transportes de Madrid, Cuerpo de Bomberos de la Comunidad y hasta 14 departamentos dependientes del Ayuntamiento.
Modificaciones de calado
Entre las modificaciones más destacadas que se han introducido en el proyecto, a raíz del contenido de todos estos informes y de las más de 150 reuniones de tipo técnico que se han mantenido, destaca el diseño y construcción de nuevos carriles en la M-40 para facilitar la entrada y salida a esta autovía de circunvalación desde la carretera de Colmenar (M-607), lo que pretende evitar los atascos que se generarían según se fueran ocupando las viviendas y oficinas previstas en la operación.
Las modificaciones de la ‘operación Chamartín’ también afectan al transporte público, de forma que se construirán nuevas paradas y marquesinas entre el Hospital de La Paz y las cuatro torres de la antigua Ciudad Deportiva, además de pasarelas peatonales que conecten ambos lados del Paseo de la Castellana. Asimismo se adelantarán las obras de ampliación de la línea 10 del metro, que tendrá tres nuevas estaciones inmersas en el nuevo desarrollo.
El proyecto también supondrá la ampliación del anillo verde ciclista para unirlo con el carril bici de Colmenar, a la altura del nudo de Fuencarral. Además, los once centros educativos que estaban previstos en el plan inicial pasarán a 16.
Un guiño medioambiental
La nueva ‘operación Chamartín’ también cuenta con un guiño medioambiental, ya que se han recortado más de 6.000 metros cuadrados del desarrollo para no afectar al Parque de la Cuenca Alta del Manzanares. El suelo pasará a ser propiedad de la Comunidad de Madrid.
El plan también ha sido ampliamente modificado desde este punto de vista, toda vez que ha tenido que superar la Evaluación Ambiental Estratégica, obligatoria para todos los proyectos urbanísticos desde la aprobación de una nueva ley por parte de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2013, es decir, con posterioridad a que la Justicia tumbara la antigua operación.
Estas son las grandes líneas maestras que DCN ha trasladado al Ayuntamiento para tratar de obtener la aprobación definitiva del Plan Parcial por parte del pleno municipal. El tiempo dirá si la inversión de más de 100 millones para las modificaciones será o no efectiva, pero no de forma indefinida. Si el Plan no se aprueba antes del fin de 2016, DCN renunciará a la operación. Para la nueva operación, BBVA y San José se han cuidado mucho de no firmar con Renfe y Adif un acuerdo a 20 años para la compraventa y traspaso de los terrenos, como hicieron en 1994.
