La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador contra España por haberse apropiado de las competencias que tenía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para fijar los peajes eléctricos, la parte regulada del recibo de la luz.
Si se controlan los peajes eléctricos (retribución a las renovables, transporte, distribución, extrapeninsulares…), se maneja casi la mitad del recibo de la luz, de forma que subirlos, bajarlos o congelarlos influye directamente en lo que al final pagan todos los consumidores.
Es un goloso caramelo que cualquier gobierno puede utilizar para, por ejemplo, forzar una bajada de la luz en periodo electoral, si se dispara el precio de la electricidad que cotiza libremente en el mercado y el Ejecutivo no puede controlarlo.
En este contexto, el Ministerio de Industria y Energía aprovechó el proceso de aprobación parlamentaria de la Ley de Metrología, una norma que nada tiene que ver con el sector eléctrico, para colar de tapadillo una enmienda, la número 58, que modificó el punto 2 del artículo 16 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y le permitió recuperar las competencias en la fijación de peajes.
Controlar los peajes eléctricos permite a un Gobierno controlar el precio final de la luz, una competencia muy golosa, sobre todo, en periodos electorales
"La metodología de peajes de acceso debe estar constituida por un conjunto de reglas que permita al Ministerio de Industria asignar los costes a los distintos grupos de consumidores caracterizados por niveles de tensión y periodos horarios", de forma que "podría darse la situación en la que se efectuaran desarrollos normativos en ambos órganos competentes cuyo objeto en aspectos puntuales fuera el mismo, y sin embargo no fueran coincidentes, lo que conllevaría un problema de interpretación, dificultad de saber cuál es la normativa de aplicación y, por ende, de falta de seguridad jurídica", señalaba en su día la enmienda.
Pero la Comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, y su equipo ven indicios claros de que el Gobierno español se ha extralimitado y por ello ha puesto en marcha este expediente sancionador, señalan fuentes del entorno del Ejecutivo comunitario, que recuerdan que ningún gobierno de la UE detenta estas competencias.
Son los reguladores, y no los gobiernos nacionales, los que tienen la potestad de fijar los peajes. De otra forma, el poder político tendría la tentación de hacer política industrial con estos peajes, favoreciendo a unos sectores y perjudicando a otros, con lo que se violarían las normas de mercado interior y de la competencia.
Se da la circunstancia de que fue el propio gobierno del PP el que, al crear la CNMC, le atribuyó importantes competencias, entre ellas los peajes, con el objetivo de crear un "superregulador" (así lo bautizaron) supuestamente independiente y poderoso.
Ningún Gobierno de la UE controla esta competencia, que está en manos de los reguladores de cada país
El Ejecutivo ha tardó poco más de un año en retirarle esa competencia que le cedió: "El Gobierno establecerá la estructura y condiciones de aplicación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución", recogía la enmienda de la Ley de Metrología.
Ante esta situación, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, deslizó hace unos días en Santander su malestar por el hecho de que el Gobierno haya retirado varias competencias al organismo que son propias de un regulador, lo que está provocando la apertura de diversos expedientes sancionadores desde Bruselas.
"Habría sido mejor evitar la tentación de retirar competencias para evitarnos algunos expedientes de Bruselas que afectarán a un Gobierno distinto al que las ha retirado", advirtió Marín Quemada al Gobierno sin dar muchos más detalles. Dio pistas, eso sí, al avanzar que estos expedientes apuntaban a los peajes eléctricos y a la regulación de los colegios profesionales.
El presidente de la CNMC, que desde su llegada al cargo se ha convertido casi en un verso suelto y ya se ha enfrentado en varias ocasiones al Gobierno, ha defendido la necesidad de "reforzar las instituciones para que funcionen con independencia, transparencia y seguridad jurídica" para poder "frenar a los lobbies y grupos de presión".
