Manuel Fernández Sousa, presidente de Pescanova, reconoció ayer haber vendido nada menos que la mitad de su participación en los días previos al anuncio de preconcurso de acreedores, tal como anunció Vozpópuli, que acarreó, entre otras cosas, una suspensión del valor que ha dejado atrapado a numerosos inversores.
El máximo ejecutivo (y accionista) de la entidad afirmó en su Hecho Relevante que realizó esas ventas, aunque le ocasionaron pérdidas y que el dinero lo materializó para ponerlo a disposición de la compañía. Estas comunicaciones, que rozan la rechifla, han enfadado aún más a varios miembros del consejo, con especial mención a Grupo Damm. Incluso en el entorno de Sousa llegan comentarios que indican "aunque sea cierto que ha dado el dinero a la empresa, ni son maneras ni puede dejar de comunicarlo".
El holding cervecero, presente en el consejo a través de José Carceller, denuncia que el presidente y su entorno (su hijo) así como otros consejeros afines (Paz-Andrade) utilizaron información privilegiada para poder recuperar parte de su dinero y a precios más favorables, cosa que no han podido hacer otros accionistas, ahora atrapados en una compañía suspendida de cotización y en situación concursal.
Todo esto era sospechado por buena parte del consejo, que recientemente le echaba en cara al propio Sousa que no tenía la participación que declaraba en la CNMV.
Con Garrigues
Damm, que no firmó las cuentas de 2012, está trabajando con el despacho Garrigues, ultimando una serie de acciones en defensa de sus intereses. Sin duda, las demandas no tardarán en aparecer. La semana pasada ya se presentó un minoritario y la asociación de accionistas que representa el despacho Cremades hará lo propio.
Por no hablar de los fondos de inversión atrapados en la compañía o del pool de 46 bancos acreedores.
Ahora, la empresa está en una situación más que compleja, empezando por que va a convertirse en la máxima suspensión de pagos no inmobiliaria de la historia en España.
En espera de conocer los detalles de la deuda real (se habla de cerca de 3.000 millones de euros, pero todos los actores implicados en este escándalo denuncian una gran falta de información) la sociedad está en una situación de grave falta de liquidez. Los bancos decidieron cortar el grifo del suministro de circulante hasta conocer al menos las cuentas y el volumen de la deuda.
Ahora, la firma debe presentar unas cuentas creíbles para que la CNMV, que investiga la compañía por abuso de mercado y falta de transparencia, o de lo contrario sufrirá sanciones. A partir de ahí, deberá iniciarse un proceso concursal que, si hay que tomar como referencia a los anteriores, supondrá mucho más tiempo hasta delimitar el alcance del escándalo.
Habrá que ver si los bancos dan oxígeno a la empresa para que al menos pueda mantener su actividad.
